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El Gobierno nacional envió este viernes a consulta constitucional la ley que sancionó la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que contempla que las clínicas privadas estén obligadas a atender casos de Covid-19, para que después el Estado reembolse el costo.

El viceministro de Gestión del sistema sanitario, Miguel Ángel Delgado, criticó la disposición, señalando que tiene contradicciones y ni siquiera indica de dónde saldrán los recursos económicos para garantizar la labor.

La norma fue sancionada a inicios de mes y establece que los establecimientos médicos particulares, en todos sus niveles, “deberán atender obligatoriamente y sin dilación alguna a todas las personas que sean referidas por el subsector público”, a fin de ser diagnosticadas, atendidas o tratadas por la pandemia de coronavirus.

También indica que el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado estará a cargo del reembolso a las clínicas privadas, considerando “el precio real en el que se haya incurrido y demostrable de forma documentada”, para ello se deberá aprobar un reglamento a cargo del Ministerio de Salud, en un plazo de cinco días.

Delgado afirmó que no existe oposición a ampliar las posibilidades para que la población pueda tratarse, destacando que existen conversaciones para que dichos centros médicos puedan disponer entre el 30 y el 50 por ciento de su capacidad para atender a pacientes con coronavirus.

“Proponen una ley que tiene varias contradicciones de forma y de fondo, muestra una total ignorancia en lo que es el manejo de términos. No podemos hablar de un subsector privado, es un sistema (…) Hay una intencionalidad política de bloqueo que muestra una vez más la inconsciencia de la Asamblea”, alertó el viceministro.