Continúan conflictos en áreas protegidas del país

Desde el 30 de abril, la oficina del Parque Nacional Otuquis está tomada, según el director, Marco Antonio Canaviri, por uno de los ocho actores que conforman el comité de gestión de esa área protegida (AP) nacional.

Se trata de la Central Indígena Chiquitana Germán Busch, que determinó la toma de las oficinas del Servicio Nacional de Áreas Protegidas ( Sernap) por la falta de cumplimiento de los acuerdos entre la organización indígena y el Sernap de Puerto Suárez.

"El pedido es mi destitución, y el retiro del jefe de protección, del administrador y de seis guardaparques de contrato eventual, para que puedan colocar gente idónea para ellos", explicó.

Asimismo, recalcó que estos representan a un solo actor de los ocho que se establece en la resolución administrativa del tema. "Ni siquiera están reconocidos por su central u organización indígena, la Cidob", dijo por la entidad dirigida por Justo Molina.

Según Canaviri, en enero de este año Molina desconoció a la dirigencia de este grupo, y dijo que se trata de un paralelismo.

El director de Otuquis aseguró que se está barajando la convocatoria a un concurso de méritos y que la persona propuesta por los que tomaron la oficina no es idónea. Asimismo, dijo que la intención es sacar guardaparques para que entre gente afín a los que protestan, que son de la Central Indígena Chiquitana.

Admitió que ha escuchado que detrás de la toma hay un cónsul involucrado, "hay un tema de poner a su gente. Dicen que los guardaparques han estado muchos años y que ya es hora de los indígenas", afirmó, y aclaró que el pedido abarca prácticamente a la mitad de los custodios del área protegida. "Ellos son policías ambientales y saben hacer informes para evitar que los que infringen la norma sean sancionados", los defendió.

Canaviri también denunció que el administrador, que es oriundo de la zona, igual que sus familiares, ha recibido amenazas, y advirtió con el uso de la fuerza pública, ya que se acerca una actividad de prevención de incendios que requiere sacar y usar las herramientas que están en la oficina. "Estamos contando con varias fundaciones y comunidades que nos apoyan y nos vemos coartados de hacer la actividad porque la oficina está tomada", anunció.

Admitió que no es la primera vez que se toma la oficina, y que se debió a observaciones a la anterior directora, Cleidy Peinado, a la que hicieron varias observaciones, entre estas "deforestación, ingreso de ganado, autorizaciones indebidas al parque, y hasta hubo un caso en el que se emprendaron vehículos del Estado, que ya fueron recuperados, pero no se dieron los pasos para iniciar el proceso a los responsables, uno era el anterior administrador", apuntó.

Canaviri informó también que a la zona llegó una comisión del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) para analizar el tema de la toma de la oficina. "Les había llegado información fragmentada, pero nosotros hemos recuperado fondos, las fundaciones estaban cerrando las puertas por varias irregularidades", agregó.

El director del parque también aceptó que había sospechas de cobros por sanciones que se desviaban a cuentas personales, pero dijo no tener pruebas de eso.

En el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, desde hace varias semanas hay denuncias del Comité de Gestión, por aprovechamiento ilegal de recursos forestales.

Según el Comité de Gestión, el exdirector denunció en octubre del año pasado a los aserraderos San Gabriel y Cimal, que operaban ilegalmente en el lugar, pero a los fue destituido. 

Las denuncias informan que el sucesor, Mauro Montaño, archivó el proceso y solicitó la modificación del plan de manejo para legalizar las contravenciones. Esta situación se dio a conocer al Ministerio de Medio Ambiente y Agua el pasado 11 de abril.

"El 31 de enero de 2024, con hoja de ruta E-SERNAP/2023-09275, de fecha 28 de diciembre de 2023, se hace referencia a la solicitud de reformulación parcial del plan de manejo del ANMI San Matías", indicaron.

También apuntaron a que existen cuadrículas con fines de explotación de manganeso, amatista y otros minerales y metales preciosos, de interés de empresas pre establecidas, y también de los chinos.

Otro caso es el de la Reserva Eduardo Avaroa (REA). En respuesta a una Petición de Informe Escrito (PIE), la 1293/2022-2023, de la senadora Elena Judith Aguilar Flores, el Gobierno Municipal de San Pablo de Lípez, en Potosí, aclaró que esa entidad territorial autónoma no percibe recursos económicos por concepto de ingreso de turistas, a pesar de que sus ingresos "son pocos, por tratarse de un municipio de categoría A, es decir de área dispersa, con comunidades alejadas y caminos accidentados".  

Otra PIE es la 044/2023-2024, de la senadora Cecilia Moyoviri, que pidió respuesta sobre la situación de procesos y denuncias contra Johnson Jiménez Cobo, director del Sernap; respaldo de organizaciones sociales; incremento salarial y aumento de funcionarios en la oficina central La Paz del Sernap; gastos en pasajes aéreos y viáticos para externos al Sernap, entre estos dirigentes de la Cpilap y Cidob; donaciones recibidas por el Sernap y uso de esos recursos; despidos; detalle de los miembros de la mesa de donantes; y, por último, subsidios de lactancia y pre lactancia.

Sueldos atrasados

El cuerpo de protección de varias áreas protegidas también lamentó el retraso en el pago del salario de abril, que hasta este 14 de mayo no había sido desembolsado para el personal eventual, la mayoría.

"Somos alrededor de 320 guardaparques y al menos 180 están con contrato eventual", informaron y pidieron resguardar sus nombres para evitar represalias.

También informaron que les adeudan cinco meses de refrigerio de este año, y que los subsidios por lactancia materna no se pagan desde 2021. "Andan en avionetas privadas, chocan las camionetas del Estado, pero seguimos esperando salario de abril, refrigerios y subsidios", denunciaron.

EL DEBER pidió una contraparte a Johnson Jiménez Cobo, director ejecutivo del Sernap, pero hasta el momento de la publicación no respondió.