Plantearán un paro nacional con bloqueos. El Gobierno asegura que la movilización "no es seria"

25 de octubre de 2021, 17:25 PM
25 de octubre de 2021, 17:25 PM

El rechazo contra la llamada “ley madre” no se disipa. Gremialistas, junto a dirigentes del transporte pesado internacional, además de sindicatos de radiotaxis, se reunieron este lunes para analizar nuevas medidas de presión contra esa norma y convocaron a una cumbre nacional que se desarrollará el viernes 29 de octubre en Santa Cruz.

Édgar Álvarez, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Gremiales de Santa Cruz, informó que se logró articular una propuesta regional contra esa ley y se sumaron otras demandas como la atención al pliego de la marcha indígena. Anticipó que buscarán consenso para llevar adelante un paro nacional.  

“Nos reuniremos para evaluar y determinar acciones a seguir. La propuesta de Santa Cruz es un paro nacional con bloqueo de carreteras y cierre de fronteras”, enfatizó el dirigente.

“También hemos decidido apoyar a nuestros hermanos indígenas que han llegado marchando, apoyar al sector salud en la asignación de más ítems y que se restituya la ley de dos tercios en la Asamblea Legislativa para que no se cometan más abusos”, complementó.

En La Paz, el presidente de la Cámara de Diputados Freddy Mamani, aseguró que el Gobierno y los legisladores están abiertos a dialogar con todos los sectores sociales y organizaciones para esclarecer las dudas que surjan respecto a la vigencia de esta ley.

Siempre vamos a escuchar a nuestras organizaciones sociales, pero no a la derecha mentirosa que ha generado zozobra, caos, ha generado miedo entre nuestros hermanos, no podemos dialogar nada con ellos. ¿Qué podemos esperar de quienes quieren frenar la recuperación del país”, apostilló la autoridad legislativa.

La Ley 1386, también conocida como “Ley madre”, dio vida a la Estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas que contiene un “plan de trabajo” que proyecta ajustes en el Código Penal y otras normativas para “fortalecer” las acciones de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

“La lucha, al final de cuentas, nos afecta a todos. La contundencia de una movilización nacional es más fuerte a escala nacional. Nosotros seguimos firmes para buscar la abrogación  de la ley 1386”, señaló Álvarez.

En La Paz, el Comité Cívico paceño celebró una reunión con varios sectores ciudadanos y anunció respaldo a las movilizaciones contra esta normativa.

“No podemos permitir que esta ley abra paso, no solo a la persecución política, sino a otra cantidad de leyes que van afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Existen las leyes necesarias para enfrentar el narcotráfico y estamos fracasando; tenemos leyes contra el contrabando y los autos chutos siguen llegando. Se requieren instituciones creíbles para enfrentar los delitos internacionales”, aseguró Hugo Sandoval, vocero del organismo cívico.  

Ante la presión social de varios sectores, incluso de aquellos afines al MAS, el presidente Luis Arce tuvo que retirar del Senado el proyecto de ley 218, una norma que proyectaba mayores atribuciones a la UIF y ajustes normativos para el control de flujos financieros.

“No están siendo serios. Estos sectores que anuncian movilizaciones están especulando y recordemos que cuando el MAS llegó al poder, dijeron que les iban a quitar la casa a quienes tenían más de una propiedad. Eso nunca pasó, pero les metieron miedo. Eso está pasando”, afirmó el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz.