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Jacobo Copa Mamani, un dirigente del ayllu Cala Cala, en el departamento de Potosí, denunció las actividades supuestamente ilegales de la empresa Wari Marka y deambuló con sus denuncias por varias instituciones, estatales, judiciales y otras defensoras del medioambiente, pero todo fue en vano. Después de 10 años de pelea, él terminó acusado por los mineros de 'destruir propiedad privada'.


“Durante varios años ha desarrollado acciones en defensa de los derechos de su comunidad, denunciando ante las instancias estatales los impactos y el avasallamiento de la minería ilegal, incluso solicitó auditorías ambientales, pero solo él acabó siendo perseguido”, dijo la responsable de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), Ruth Alipaz.


Frente a esta situación, la Conticocap acudió a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares en favor de Copa Mamani. La solicitud fue admitida y se espera el siguiente paso que es la resolución.


La empresa Wari Marka  acusa al activista de atentado contra la propiedad privada por destruir maquinaria y le ha instaurado un proceso judicial en su contra en el municipio de Uyuni.


Copa dice que no cuenta con recursos para pagar un abogado y Contiocap exige acciones al Estado frente a lo que considera una arbitrariedad.


Jacobo Copa tuvo que huir de su propia comunidad  velando su seguridad, ya que fue detenido y secuestrado el 13 de marzo, pero luego fue liberado y de inmediato se puso a buen recaudo en el mismo departamento de Potosí.


Alipaz dijo que Copa Mamani vive en condición de indigencia, ya que no puede desarrollar sus actividades por estar huyendo y no consigue trabajo. 


A través del comunicado público, la Contiocap también exige al Estado boliviano asumir la defensa de la vida del activista, quien en este momento no tiene posibilidad de regresar a su ayllu, en la comunidad de Cala Cala.


A decir de la Contiocap, el indígena peleó por más de 10 años contra la empresa que explotó, de manera ilegal, su territorio, contaminó el medioambiente, depredó toda la zona de pastoreo y eliminó la actividad agropecuaria de esa zona, poniendo en peligro la subsistencia de su comunidad porque los ojos de agua están contaminados por la actividad minera.


Sus denuncias ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM); la Secretaría Departamental de la Madre Tierra; la Defensoría del Pueblo; el Comité de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos del Senado de la Asamblea Legislativa Plurinacional no tuvieron eco.




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