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La justicia determinó enviar a la cárcel a la viceministra de Educación Alternativa y Especial, Yola Mamani, y liberar a dos exejecutivos del Ministerio de Comunicación. En ambos casos, los involucrados fueron acusados de corrupción.

Fue la misma juez del Juzgado Cuarto Anticorrupción de La Paz, Melina Lima, quien llevó la audiencia en ambos casos.

Mamani fue enviada al Centro de Orientación Femenina de Obrajes con detención preventiva tras ser imputada por el Ministerio Público por los presuntos delitos de concusión, cohecho pasivo y beneficios en razón del cargo, debido a que, supuestamente, cobró dinero a cambio de puestos de trabajo en el Viceministerio de Educación Alternativa.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen realizó un registro a las oficinas de la viceministra y encontró dinero, documentos y 40 currículums de profesionales.

Tanto la viceministra de Educación como los exfuncionarios de la cartera de Comunicación fueron designados en esas funciones por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“La señora viceministra Yola Nery Callisaya no ha sido nombrada por mi persona, ha sido nombrada por gestiones anteriores y, de forma inmediata, nuestro ministerio, a través de nuestra Unidad de Transparencia, hizo las diligencias preliminares con el apoyo de la Policía Nacional y la División de Corrupción Pública de la Felcc”, dijo a los medios de comunicación el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas.

A su vez, la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, en su descargo dijo que  el jefe de Difusión (Eugenio H.) fue designado en septiembre de 2019, durante el gobierno de Evo Morales, y el director nacional de Estrategias (Henry M.) fue contratado durante la gestión de la exministra Roxana Lizárraga, en noviembre pasado.

Libres bajo fianza

En el caso de Henry M., director general de Estrategias del Viceministerio de Políticas Comunicacionales, y Eugenio H., jefe de la Unidad de Difusión, la decisión de la juez fue distinta. Ambos fueron liberados bajo medidas sustitutivas y con una fianza económica de 6.000 bolivianos.

El fiscal Alexis Vilela dijo que los exejecutivos del Ministerio de Comunicación fueron imputados por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencia, debido a que fueron denunciados por solicitar el 10% de la adjudicación de publicidad en los medios de comunicación.

Vilela agregó que en audiencia apeló la resolución de la juez con el objetivo de revertir ese fallo, pues consideró que en audiencia la autoría de los implicados en los delitos acusados.

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