En un año se revisará el caso y el cumplimiento del Estado para la reparación integral de las víctimas

21 de enero de 2023, 8:00 AM
21 de enero de 2023, 8:00 AM

“Caso Flores Bedregal y otras vs Bolivia”, así fue rotulado el juicio que instauró la familia del dirigente Juan Carlos Flores Bedregal contra el Estado boliviano y este viernes se produjo la notificación de sentencia, que dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con presencia de las partes. Fue el segundo revés consecutivo que sufrió el país en  tribunales internacionales.


“El Estado es responsable por la desaparición forzada de Juan Carlos Flores Bedregal, la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y libertad personal”, señala el punto 3 de la sentencia, que fue leída por el presidente del ente multilateral, Ricardo Pérez Manrique.


El caso de Flores Bedregal se remonta al siglo pasado, durante el golpe de Estado perpetrado por el entonces general, Luis García Meza, en 1980. El fallecido dirigente era parte del grupo que se encontraba en las oficinas de la COB en El Prado paceño y fue acribillado en las gradas el edificio. Desde entonces se desconoce el paradero de sus restos, y su familia, cuatro hermanas, nunca lograrón la reparación de losdaños en los tribunales bolivianos.

Ahora, 43 años después de esos hechos, la Corte IDH divulgó la sentencia final que tiene 20 puntos, en los que detalla todas las fallas del Estado para proteger la vida de las personas. También contiene tareas que debe cumplir el actual Gobierno, en un plazo máximo de un año, al cabo del cual una comisión de seguimiento verificará el cumplimiento de la sentencia.


Violación de garantías judiciales; protección judicial; violación de los derechos de acceso a la información; violación a la integridad personal, son algunas de las fallas que cometió el Estado en ese entonces. A partir del séptimo punto, la Corte IDH dejó tareas a las autoridades que deben cumplir indefectiblemente.


Asimismo, conminó al Estado a levantar la reserva de la información en las Fuerzas Armadas sobre el mismo hecho, en el plazo de un año.


El Estado boliviano también debe pagar por los daños a las víctimas y a la Corte IDH por el trámite de este caso. El presidente de la audiencia, Ricardo Pérez Manrique, dijo que la decisión se tomó de forma unánime entre todos los letrados.