Corte-IDH procesa a Bolivia por violar DDHH; Siles alista defensa y espera notificación
Según el procurador Siles, las cuatro recomendaciones de la CIDH, incumplidas, “ahora se convierten en pliegos acusatorios” ante la Corte-IDH; Gary Prado refuta y dice que Bolivia será juzgada por violar el derecho a la vida y torturas, entre otros.
Tras varias ampliaciones e incumplir las cuatro recomendaciones que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Bolivia en el caso del asalto al Hotel Las Américas, ahora esta entidad, dependiente de la OEA, acusa al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), por cometer violaciones contra la vida y los derechos humanos.
Es un nuevo juicio internacional en el que la Procuraduría, a nombre del Estado boliviano, espera la notificación y deberá responder por la ejecución del ciudadano irlandés Michel Dwyer y por acciones de torturas contra otras cuatro personas, suscitadas en abril de 2009 en Santa Cruz de la Sierra, el caso que el entonces gobierno de Evo Morales bautizó como “terrorismo y separatismo”.
“Ahora tenemos que asumir defensa en la fase contenciosa. Se cerró la fase de posible acuerdo o solución amistosa, se cerró la fase de cumplimiento de recomendaciones y ahora esas cuatro recomendaciones que ha emitido la CIDH, se convierten en cuatro pliegos acusatorios dentro del juicio que se va a iniciar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y respecto al cual, la Procuraduría va a asumir defensa del Estado boliviano”, afirmó el procurador Cesar Siles a Bolivia Tv.
Después de la última ampliación de tres meses que dio la CIDH, en abril pasado, el 26 de julio cuando se cumplió el plazo, la entidad envió una carta a la Cancillería para informar la apertura del juicio ante la Corte-IDH.
También se supo que la Comisión Interamericana defensora de los Derechos Humanos, rechazó el pedido de una nueva ampliación para cumplir las recomendaciones. Es decir, que Bolivia volvió a pedir otra ampliación el 11 de julio pasado, a pesar de que desde abril, aseguró que no iba a cumplir todas las recomendaciones, como la indemnización económica para las víctimas, por considerarla excesiva.
Así como la CIDH notificó a Bolivia por escrito que rechaza el pedido de una nueva ampliación, envió otra carta para comunicarle que “presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso N° 13.546 – Mario Francisco Tadic Astorga y otros contra el Estado Plurinacional de Bolivia”.
Para que comience el proceso judicial, el primer paso después de hacer oficial el juicio contra Bolivia, es que la Corte-IDH notifique al Estado, hecho que según Siles será en unos tres a cuatro meses, es decir entre octubre y noviembre. Desde ese momento, el proceso judicial puede durar de unos dos a cuatro años.
En tanto, el abogado Gary Prado que fue defensa de las víctimas, refutó la versión del procurador Siles, en sentido de que el juicio no será porque Bolivia incumplió las recomendaciones de la CIDH.
“El juicio es por que se violaron los derechos humanos, porque sí asesinaron al joven irlandés Dwyer en el Hotel Las Américas. Ese derecho a la vida ha sido vulnerado por fuerzas policiales del Estado boliviano a las que el (entonces) presidente Evo Morales les ordenó ingresar ilegalmente al hotel Las Américas. Eso va a ser fácilmente probado en el juicio porque fue una ejecución sumaria”, explicó Prado a EL DEBER.
El otro delito es la violación a la integridad física contra Mario Tadic, Elöd Tóásó, Alcides Mendoza y Juan Guedes. “Los cuatro fueron torturados por la Policía, unos perdieron piezas dentales, escoriaciones, múltiples contusiones y eso está demostrado en los exámenes forenses, videos y fotos de todos ellos. Entonces también se va a probar que el Estado vulneró los derechos humanos de estas personas”. Además, no hubo presencia del fiscal cuando se ejecutó la operación armada de la Policía.
El derecho a la honra y la dignidad es otra de las violaciones contra esas personas, porque el Gobierno “durante años difundió la imagen y nombre de estas personas señalándolas como terroristas, separatistas y no se respetó su derecho a la presunción de inocencia”.