Corte IDH responsabiliza a Bolivia por fallas en juicio de adolescente abusada
La sentencia reconoce la violación de los derechos de la niñez al revictimizar en varias ocasiones a la víctima. El caso se denunció en 2002. La CIDH observa “ineficacia e indiferencia” en la justicia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos volvió a reconocer fallas en el sistema judicial boliviano que vulneran los derechos de los ciudadanos. La sentencia Serie C 475, emitida el 18 de noviembre de 2022, pero publicada recientemente, responsabiliza a Bolivia por la violación de los derechos de la niñez en un caso que se remonta a 2002.
La víctima, identificada como B.D.A.L., y su familia han persistido por más de 20 años hasta escuchar una sentencia que reconoce los hechos y hace justicia. La CIDH considera probados los abusos sexuales y violaciones reiteradas que sufrió por parte de E.G.A. entre finales de 2001 e inicios de 2002. El agresor aprovechó su condición de familiar, eran primos, para atemorizar a la menor y mantener en silencio el acoso sistemático.
Durante este tiempo, tal y como se lee en el documento oficial de la CIDH, la familia se ha enfrentado a una justicia marcada por la “ineficacia, la indiferencia y los obstáculos en el acceso a la justicia”. Es más, establece que la justicia boliviana mantiene comportamientos “discriminatorios” hacia las víctimas.
Reconoce que el Estado “incumplió el deber de investigar con la debida diligencia” las denuncias de violación realizadas por una menor de 16 años (edad que tenía en ese momento). También cuestiona el comportamiento inadecuado de funcionarios dependientes del Ministerio Público que revictimizaron en varias oportunidades a la víctima. Actualmente, el caso queda en la impunidad por las “fallas en la investigación y el juzgamiento”.
Entre los puntos resolutivos recogidos en la sentencia, la CIDH exige a Bolivia “adecuar su ordenamiento jurídico interno” para garantizar debidamente los derechos de las víctimas de delitos sexuales.
También demanda “las medidas necesarias” para identificar a los funcionarios involucrados en la “comisión de actos de revictimización y eventuales irregularidades procesales” con el fin de establecer sus responsabilidades. Finalmente, le pide al Estado implementar campañas de educación sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes tanto en el ámbito interno como en el sistema formativo nacional.
Cambios en la justicia
Tras conocerse la sentencia, el ministro de Justicia, Iván Lima, se pronunció mediante un breve tweet. En principio, minimiza el alcanza de la sentencia y pide “leerla para opinar”. En el mismo mensaje, recoge parte de las determinaciones y adelanta que el Estado establecerá ”criterios para tipificar el delito de violación y abrogar el delito de estupro”, tal como se dispone por parte de la CIDH.
César Muñoz, director asociado para América Latina de la Human Right Watch, se muestra más crítico al momento de interpretar la sentencia. En ella, señala, se reconocen “fallas enormes en la justicia que resultan en violaciones de derechos humanos de niñas y mujeres”.
El caso de la menor B.D.A.L. revela el “maltrato y la falta de atención integral” con que se mueve la justicia boliviana. Desde la CIDH se evidencia que Bolivia “no aplicó los estándares internacionales sobre violencia sexual”. Es más. apuntan a una inadecuada tipificación de los tipos penales de estupro y de violación en la legislación boliviana que “son incompatibles con tratados de derechos humanos”, explica Muñoz.
Desde Human Right Watch consideran que la recuperación de la confianza en la justicia pasa por “una urgente reforma integral de la justicia en el país”.
