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El Gobierno impulsó la creación del Comité Nacional de Coordinación de Monitoreo del Abastecimiento, Regulación de Precios de Medicamentos, Dispositivos Médicos y Prestación de Servicios de Salud (Comarpre) para combatir la especulación ante la emergencia por el coronavirus, informó la agencia ABI.

Ese comité se constituirá en un espacio de trabajo técnico y de coordinación interinstitucional para evitar el desabastecimiento, la especulación y el agio de los medicamentos, además de controlar la prestación de servicios de análisis de laboratorios y atención médica contra el Covid-19.

Durante la emergencia sanitaria por la primera ola de la pandemia, la población boliviana fue objeto de abuso por el agio, especulación y alza incontrolada de precios de servicios y productos en salud, sin que el Gobierno tomase ninguna acción de regulación ni protección del derecho a la salud y la vida, señala el Decreto Supremo 4452, que crea el Comarpre.

El Artículo 3 de esa norma señala que el Comarpre estará conformado por los ministerios de Salud, de Desarrollo Productivo y de Justicia y Transparencia Institucional. También por la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (Ceass), la Autoridad de Fiscalización de Empresas y la Federación de Asociaciones Municipales (FAM).

El Comarpre podrá convocar a otras instituciones públicas y privadas, expertos nacionales o internacionales para participar del mismo y conformar equipos multidisciplinarios para el cumplimiento de las tareas.

Ante un posible desabastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos, ese comité realizará las acciones de coordinación con los importadores y laboratorios nacionales para el suministro de productos. De ser necesaria la Ceass podrá importar, distribuir y comercializar los mismos, señala el Artículo 6.

Por su parte, el Ministerio de Salud aprobará y publicará la lista de precios referenciales o máximos de los servicios de análisis de laboratorio y de salud relacionados al Covid-19, incluyendo los aranceles de los profesionales médicos que no deberán exceder los vigentes antes de la emergencia sanitaria, además del costo del equipo necesario de protección personal.

Entre tanto el Ministerio Público, bajo el mandato constitucional de defender los intereses de la población, ejercerá la acción penal pública cuando se haya identificado indicios de la comisión de delitos en actividades relacionadas con la venta de medicamentos y la prestación de servicios de salud, en el marco del DS 4452.

Consultado al respecto, Leonardo Salvatierra, presidente de la Asociación de Cadenas de Farmacias (ACAF), indicó que a las farmacias no le han comunicado formalmente el tema y señaló que esta función la cumple la Agemed (Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud) desde hace varios años. “Tenemos lista de precios máximos expuestos en las farmacias para los post casos de Covid-19, por ejemplo”, dijo.

Salvatierra sostuvo además que las regulaciones en el sector son normales y con precios definidos desde los importadores a las farmacias.  Lo que nos preocupa es la especulación en el mercado informal, donde están vendiendo productos sin conocerse su procedencia o si cuentan con registros sanitarios”, subrayó.

La ACAF estará atenta y presta para reunirse y trabajar con las autoridades correspondientes, afirmó el ejecutivo.

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