El Ministerio de Gobierno anunció que realizará una denuncia penal contra los integrantes de esta organización. Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, dijo que se busca un “ajusticiamiento” de jóvenes “que resistieron el fraude del MAS en 2019”

29 de mayo de 2022, 10:05 AM
29 de mayo de 2022, 10:05 AM

La alianza política Creemos cerró filas a favor de integrantes de la organización Resistencia Juvenil Cochala (RJC) después de que el Ministerio de Gobierno anunciara un proceso penal contra sus integrantes de este grupo por los hechos de violencia de 2019 que registraron tras las fallidas elecciones de ese año que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

Luis Fernando Camacho, líder de la agrupación política y gobernador de Santa Cruz, publicó un descargo a favor de los integrantes de RJC y denunció el uso político que supuestamente está realizando el Gobierno del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Ayer (sábado) el Ministerio de Gobierno publicó un comunicado incompatible con el desempeño democrático, que debe tener esa institución. Más parece un bando autoritario donde se anuncia el ajusticiamiento adelantado de los jóvenes cochabambinos que resistieron el fraude del MAS el 2019”, dijo Camacho desde su cuenta de Facebook donde compartió la postura oficial de su alianza política.

Luego, desde su cuenta de Twitter, el gobernador cruceño cerró filas a favor de los integrantes de esta organización que fue catalogada como paramilitar por el Gobierno central.

Creemos insta al movimiento cívico nacional, a la oposición democrática y a todos los ciudadanos a respaldar a los jóvenes cochabambinos que defendieron la democracia durante los 21 días y que hoy son víctimas de la venganza y el atropello de una justicia politizada”, dijo Camacho.

En el comunicado compartido públicamente, Creemos afirma que “el Ministerio de Gobierno, de manera amañada, recurre al informe del Relator de la ONU, Diego García-Sayán, para anunciar que los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) serán juzgados como criminales y buscarán condenarlos a 20 años de cárcel”.

De esta manera, según Creemos, esta cartera del Estado “usurpa las funciones que le competen al Ministerio Público y, como en las viejas dictaduras, anuncia actos procesales y fija años de condena a los presos políticos”.

Además, la organización partidaria dijo que en las siguientes horas enviará una carta al Relator Diego García-Sayán; informándole sobre el uso político que hace el Gobierno informe del GIEI.

Citando parte de este informa Creemos señala que la RJC se organizó, inicialmente, para defenderse de los "ataques de 'los cocaleros' y de las personas afines al MAS”, ya que existe animosidad contra la población del trópico porque se asocia con el recuerdo de la muerte del joven Christian Urresti en el año 2007".

El informe de la organización internacional sostiene que los integrantes de RJC usaron "armas artesanales como bazucas y explosivos" y que, en videos, se observa a algunas personas con distintivos ejecutando "actos de violencia, racismo y discriminación" en contra de civiles.

“Sin embargo, el informe del GIEI de ninguna manera indica que los miembros de la RJC hubiesen incurrido en "secuestro", ‘tortura’, ‘privación de libertad’ y ‘atentados contra la salud’”, afirmó Creemos.

Para esta organización en contraste entre el informe del GIEI el Gobierno persiste en la instrumentalización del Derecho Penal.

“Este comunicado es emitido justo en el momento en que el Relator Especial emite un informe sobre la crítica situación del sistema judicial en Bolivia. Dicho informe usa 14 veces el término "corrupción", 6 veces "injerencia”, y subraya el "drama de la impunidad”. 

De hecho, ya en agosto de 2021, el ministro de Justicia, lván Lima, reveló a la prensa que "no hay una fecha para que la justicia sea independiente", confesando que el sistema judicial está politizado y parcializado”, agrega la organización política.

Por último, el partido de Camacho señala que a través del abuso de poder se pretende encarcelar por 20 años a jóvenes de la sociedad civil que tienen ideas distintas a las del entonces Gobierno de Evo Morales y que actuaban en defensa propia ante los cocaleros que ya habían rodeado a la ciudad y que estaban ingresando a agredir tal como ya había sucedido en anteriores ocasiones.

La RJC fue parte de la movilización nacional democrática contra el fraude del MAS. No es responsable de ningún delito y más bien ayudó a parar el fraude masista y a resguardar la democracia. Instamos al movimiento cívico, a los partidos de la oposición democrática, a los ciudadanos de toda Bolivia, a respaldar a los jóvenes de la RJC, para impedir que se consume un atropello contra su libertad y sus derechos constitucionales”, dijo Creemos.