Creemos da su apoyo a Rómulo Calvo y exige al Gobierno que deje de perseguir a protagonistas del paro
Manifiesta su respaldo al líder cívico cruceño, pero también a los potosinos, que llevaron la batuta en el conflicto.
La bancada de Creemos denunció a la opinión pública nacional e internacional, que luego de los nueve días de paro multisectorial para la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, el Gobierno intensificó una persecución política contra quienes encabezaron la movilización.
Para Creemos, el Gobierno lleva adelante una “desmedida e injustificada persecución política contra quienes protagonizaron y participaron de la legítima protesta llevada adelante contra el abuso legislativo perpetrado por Luis Arce y sus colaboradores, tal es el caso del embate que hoy sufre el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo”.
El documento señala que la Ley 1386 forma parte de un paquete de normas que atentan contra derechos y garantías constitucionales, y afectan la economía de los bolivianos. Además, indica que el Gobierno de Luis Arce Catacora “se ha caracterizado por acciones y discursos de confrontación y autoritarismo materializadas en leyes atentatorias contra la población boliviana, pero en lugar de reflexionar sobre los errores cometidos ha elegido la represión, utilizando al sistema judicial como un ‘arma política’, para perseguir y encubrir las vulneraciones y aberraciones jurídicas cometidas por el Gobierno”.
Recuerda que la movilización persistió hasta conseguir que la Ley 1386 sea abrogada. “Los sectores e instituciones que plantearon el paro se articularon alrededor de demandas sociales pidiendo la anulación de un paquete de leyes que el MAS aprobó sin que sean consensuadas ni socializadas y que fueron analizadas como contrarias a las libertades ciudadanas”.
El documento denuncia que contra estas medidas tomadas por la población, el Gobierno movilizó militares y policías en un burdo intento de intimidación a la ciudadanía, que guardaba vigilia".
Además, lamenta que se hubiera utilizado grupos de choque, que se transportaban en vehículos incautados al narcotráfico, "con la protección de la Policía, para que desbloquearan las calles y avenidas cruceñas. Es importante dejar por sentado que la protesta ciudadana nació a partir de leyes injustas y que los sectores sociales e instituciones fueron portavoces del descontento ciudadano. Los cívicos, comerciantes, transportistas y otros, respondieron al descontento de la población boliviana, que determinó organizarse frente al autoritarismo del Movimiento al Socialismo”, señala el documento.
Añade que el epicentro de la protesta social se dio en Potosí y también en Santa Cruz, razón por la que el Gobierno del MAS arremete contras las autoridades cívicas; olvidando que los comités cívicos en Bolivia, históricamente, son un contrapeso frente al poder político del gobierno de turno, razón por la que tienen una real importancia e influencia como un canal de expresión de la sociedad para hacer conocer sus legítimas demandas. "En democracia no se criminaliza la disidencia ideológica, ni el antagonismo político, solo las dictaduras persiguen y buscan reprimir a los opositores”, subraya.
Luego añade: “Manifestamos nuestro apoyo al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, frente a la desmedida e injusta persecución política de la que es víctima, por el simple hecho de canalizar las demandas de la sociedad cruceña contra el autoritarismo del Gobierno de Luis Arce Catacora. Exigimos a Luis Arce Catacora abandonar esta persecución política y en lugar de ello le planteamos que reflexione y busque reencaminar la dirección de su gobierno a través del diálogo y la concertación en el marco de la Democracia y el Estado de derecho, porque este es el planteamiento que le hace la ciudadanía descontenta con su gestión de gobierno y con las leyes atentatorias a sus derechos sociales y económicos.
Finalmente, exhortó al Órgano Judicial a "abandonar su calidad de brazo represor, persecutor del gobierno de turno y retomar su rol independiente de administración justicia imparcial y transparente sin ningún tipo de injerencia política. ¡Hacemos voto por mejores días para nuestra patria!”.
