Creemos exige que policías que agredieron a una diputada embarazada sean procesados

Senadores y diputados de la agrupación Creemos denunciaron esta noche en un comunicado que el Gobierno promueve, a través de la Policía, a la que denominó "masista", actos de violencia y agresiones físicas contra parlamentarios como María René Álvarez, quien está embarazada, y exigió que los autores sean sancionados. Además, que "el Ejecutivo arma con la muerte de Puerto Quijarro, un caso similar al de Porvenir en 2008, en Pando".

"Desde Santa Cruz y en defensa de los plenos derechos democráticos, los parlamentarios de la Alianza Creemos denunciamos ante el país y el mundo el plan de violencia y muerte montado por el Gobierno de Luis Arce Catacora en Puerto Quijarro con la intervención directa de autoridades nacionales y departamentales. La actuación de estos funcionarios públicos debe ser develada e investigada".

Durante el día, incluso algunos parlamentarios de esta agrupación denunciaron que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en persona, se encontraba en esa localidad viendo las declaraciones de los supuestos implicados en la muerte del funcionario municipal de Julio Pablo Taborga, el viernes.

En un comunicado denunciaron que los hechos de violencia ocurridos en Puerto Quijarro "fueron generados malintencionada y deliberadamente por el gGobierno del Luis Arce y el MAS buscan crear un segundo 'Porvenir', sembrando terror y muerte mediante el abuso policial y promoviendo un enfrentamiento fratricida para criminalizar la protesta pacífica en defensa del Censo Nacional de Población y Vivienda el 2023".

El 11 de septiembre de 2008, en Porvenir (Pando), 13 campesinos y dos funcionarios de la prefectura departamental murieron en un enfrentamiento. Este hecho derivó en el encarcelamiento del prefecto Leopoldo Fernández durante varios años.

Subrayaron que el abuso policial en esa región del departamento de Santa Cruz puso en peligro "la vida de ciudadanos con severos problemas de salud, quienes fueron atropellados en todos sus derechos, aprehendidos de manera abusiva e ilegal para ser trasladados a Santa Cruz de la Sierra, poniendo en grave riesgo la vida de estos bolivianos". 

Tres personas fueron trasladadas de Puerto Quijarro a la capital cruceña acusados de, supuestamente, participar en la muerte de una persona en el primer día de paro. Se trata de Rubén Mario F. G., Samuel R. M. y Jaime A. D. Este último sufrió un preinfarto y fue trasladado a un hospital en Santa Cruz. Su vida corre peligro.

Diputados de la Alianza Creemos, junto a cívicos y activistas, se constituyeron en la Felcc de Santa Cruz para conocer el estado de los detenidos ilegal y arbitrariamente. La Policía los gasificó. 

Allí, "la diputada María René Álvarez (quien se encuentra con siete meses de gestación) de manera criminal e irresponsablemente fue agredida físicamente sin considerar su estado de embarazo, junto a ella fueron gasificados otros parlamentarios y dirigentes que se encontraban en el lugar".

Los hechos descritos, dice el comunicado, no solamente se constituyen en una violación "a la misión constitucional de la Policía (masista), sino también la violación a las prerrogativas constitucionales otorgadas a los Asambleístas Nacionales en clara e inaceptable vulneración de sus derechos humanos, no solamente de las autoridades, sino de las otras personas que estaban presentes y los acompañaban, entre ellas una mujer en estado de gestación".

Creemos manifestó su "profundo rechazo al abuso del Gobierno que utiliza a la Policía contra el pueblo y criminaliza la protesta pacífica, legítima que exige el respeto a sus derechos constitucionales por una vida digna para todos los bolivianos".

Exhortó al Gobierno a actuar respetando las leyes y la vida "de los detenidos en Puerto Quijarro y frente al atentado contra la salud, la integridad y la vida de la diputada de María René Álvarez, exigimos que los autores sean identificados y procesados con cargos penales y sus agravantes".

El país y la comunidad internacional deben saber, se lee en el documento "que cualquier desenlace fatal generado por los hechos de violencia son promovidos por el Gobierno; por tanto, son de entera responsabilidad del presidente Luis Arce Catacora".