Beneficia tanto a los diversos niveles de gobierno como al sector privado. La ley mantiene lo principios de trasparencia y legalidad que se proponen en el decreto

10 de junio de 2021, 12:53 PM
10 de junio de 2021, 12:53 PM

Desde la Asamblea Legislativa, la bancada de la alianza Creemos presentó oficialmente el proyecto de ley para la adquisición directa en el exterior de vacunas contra el Covid-19. De esta manera, se concreta el compromiso adelantado al inicio de esta semana por el Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y se encamina hacia la liberación de importación de vacunas.

La ley corta permite a todas las entidades territoriales autónomas adquirir vacunas en el exterior para distribuirlas, de manera gratuita, entre la población, "dando prioridad a los grupos más vulnerables".

La extensión de la norma presentada también abarca al sector privado que forma parte del sistema de salud. Además, corrobora que se mantiene los requisitos de importación dispuestos en la actual reglamentación.

La propuesta de Creemos establece la posibilidad de reformular los POA y destinar hasta el 15% del monto comprometido para gastos corrientes a la compra de vacunas. La utilización de los recursos se regirá por los principios de transparencia y legalidad propios de la gestión pública.

La diputada de Creemos, María René Álvarez describe la ruta que debe transitar la propuesta hasta su aprobación. En el pleno de la Cámara de diputados se determinará la comisión que estudie y analice la propuesta. "Lo correcto es que la norma se derive a la comisión de salud, pero la mayoría del MAS la puede destinar a otras comisiones", detalla la legisladora.

El comité que reciba la ley realizará el respectivo informe de viabilidad y, también, consultará al ejecutivo sobre la misma. Con el visto bueno de la comisión, el proyecto retorna al pleno de la Cámara de Diputados para su votación.

El recorrido de la norma prosigue en la Cámara de Senadores. Al contar con los informes respectivos y justificaciones, la cámara alta también deberá aprobar la norma para que entre en vigencia. Álvarez estima un lapso de tiempo de 15 días para que se complete todo el proceso, aunque advierte que, sin voluntad política, el proyecto se puede empantanar en las comisiones.

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