Creemos y CC observan la "inconstitucionalidad" de la ley de Emergencia Sanitaria; el oficialismo aplaude la misma

La polémica por la ley de Emergencia Sanitaria continúa después de su promulgación oficial. Mientras los médicos definen las acciones de protesta, los asambleístas alistan los recursos legales para frenar su implementación.

Desde la bancada de diputados de Creemos adelantan que presentarán una acción abstracta de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en Sucre. 

El diputado Erwin Bazán considera que en el terreno jurídico, la nueva norma contraviene los artículos 1 y 2 de la Constitución Política del Estado que resguarda el ejercicio autonómico de los gobiernos departamentales y municipales. “El Gobierno, a libre determinación, va a centralizar los recursos”, manifestó.

La Ley de Emergencia Sanitaria también cuenta con el rechazo de la agrupación Comunidad Ciudadana. El diputado cruceño Jairo Guiteras asegura que interpondrán “las acciones de inconstitucionalidad o amparos constitucionales necesarios”, pero, ante todo, buscarán el consenso con “los médicos para definir las medidas”.

Guiteras recalca que, desde su bancada, “hemos sido bastante claros. La rechazamos (a la ley) porque no fue consensuada con el sector directamente involucrado, como son los médicos”.

El senador de Creemos y médico de profesión, Henry Montero, observa errores de procedimiento y de contenido en la ley. “Nace con malformaciones”, manifiesta. Considera que es una norma que se elabora a conveniencia del Movimiento Al Socialismo y que no responde a las necesidades del país.

Montero revela que el trámite de la ley no pasó por la Comisión de política social, salud y educación de la Cámara de Diputados, presidida por Comunidad Ciudadana. “Se inventaron y la pasaron a la comisión de Constitución, vulnerando el estado de derecho”.

Entre los aspectos observados a la ley, el senador destaca que “nuevamente, el MAS quiere coartar el derecho a la protesta, al paro” de los médicos. Apunta al artículo 19 de la ley que prohíbe la suspensión de los servicios salud (como paros y huelgas) durante la vigencia de la emergencia. 

Las últimas acciones emprendidas por el Codesa sostenían la atención de emergencias, pero suspendía otro tipo de atenciones ambulantes.

Montero asegura que los médicos, a través de las movilizaciones, “no piden aumento salarial o una reivindicación de tipo gremial; están pidiendo condiciones para poder atender a la población, equipamiento, insumos”.

Los reclamos a la norma aprobada también se centran en la redacción del artículo 28, que se refiere a la contratación de profesionales o estudiantes de medicina del exterior del país. Tanto CC como Creemos entienden que la puerta para el retorno de los médicos cubanos está abierta.

Como senador, Montero defiende el valor constitucional y la conquista autonómica. Según él, el artículo 22 de la norma “pisotea la misma Constitución y la Ley Marco de Autonomías”. La ley dispone que el Estado puede asumir en plenitud las competencias en materia de salud si considera que los municipios o gobernaciones han sido rebalsados, una percepción que queda a discreción del ejecutivo.

“Es una llamada para confiscar los recursos de los gobiernos autónomos”, sentencia Montero.

Una ley que agiliza los trámites

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, celebra la promulgación de la ley de Emergencia Sanitaria porque tiene los mecanismos para regular la atención en salud y el expendio de medicamentos, a fin de evitar que se lucre con la vida de la población ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

“Como Estado, necesitamos contar con las herramientas que nos permitan dar respuestas efectivas en defensa de la salud y la vida de los bolivianos”, afirmó Alcón en Bolivia TV.

La viceministra dijo que la nueva normativa “va a permitir que nos evitemos la burocracia y tengamos una atención oportuna, efectiva, eficiente de salud. Va a permitir que los precios de los medicamentos se puedan regular y controlar porque hemos visto cómo se empezó a lucrar con los medicamentos”.

Alcón plantea un proceso de diálogo con el Colegio Médico que permita superar los desacuerdos y concertar un proyecto común mediante la reglamentación de la Ley.

El apoyo a la ley también llegó desde la Central Obrera Boliviana (COB) y su secretario ejecutivo, Juan Carlos Huarachi, quien pidió la inmediata elaboración de su reglamentación.

El titular de la COB manifestó que se pidió a las autoridades del Ministerio de Salud que el ente matriz de los trabajadores participe en la reglamentación de la norma de emergencia sanitaria.

“Si bien no somos profesionales en salud, pero tenemos trabajadores en el sistema pública, tenemos trabajadores dentro de la seguridad social y que conocen el tema de salud”, aseveró el dirigente.