Crimen de Porongo cumple un año y ven señales de protección al narco

Está acusado de asesinato y un año después aún no hay cargos por narcotráfico. De hecho, la Fiscalía solicitó 30 años de prisión para Misael Nallar, el principal acusado del crimen de Porongo, donde fueron ejecutados dos sargentos y un voluntario de la Policía. El hecho, ocurrido el 21 de junio de 2022, conmocionó al país. 

La Fiscalía presentó la acusación formal el 5 de junio, a menos de dos semanas del cabo de año. La investigación previa se dio en medio de denuncias y al menos tres señales de protección al narcotráfico alertadas por personas cercanas al proceso y que fueron ratificadas en las últimas horas. 

Misael Nallar, recluido en Chonchocoro desde el 25 de junio de 2022, fue acusado formalmente junto a su hermano Widen y otro ciudadano llamado Jassir Góngora. Ambos también están detenidos, pero en Palmasola. La lista de acusados se completa con Edgar Dorado, apodado ‘el Jefe’ quien está prófugo desde el día del triple asesinato de Porongo.

El hermano de Misael Nallar fue acusado de proporcionar las armas de grueso calibre para asesinar a los tres policías en Porongo y está detenido desde agosto.
Durante las pesquisas también fueron sobreseídos tres personas, entre ellos el mayor de Policía Álvaro Muñoz, el abogado Rodrigo Gonzáles Arrázola y el ciudadano colombiano Esteban Beltrán Muñoz. De acuerdo con el cuaderno de investigaciones, ellos estuvieron presentes durante el crimen.

El fiscal de Santa Cruz, Roger Mariaca, defendió el trabajo que realizó su institución para preparar la acusación formal. “Como Ministerio Público se colectaron todos los elementos de convicción en este caso, como la declaración de testigos, el informe de autopsia de las tres víctimas que murieron por proyectiles de armas de fuego de diferentes calibres, el muestrario fotográfico del lugar del hecho y otros que serán valorados por la autoridad jurisdiccional”, afirmó.

La acusación se produjo pocas horas después de que los familiares de las víctimas decidieran desistir de la acusación y luego de que el Ministerio Público emitiera resoluciones de sobreseimiento en favor de Muñoz, el abogado Gonzales Arrázola y el colombiano Beltrán. Según las primeras pesquisas, este último dio positivo a la prueba del guantelete. 

En todo caso, Nallar es yerno de Einar Lima Lobo, un ciudadano boliviano que cumple una sentencia de 14 años de prisión en Brasil por tráfico de drogas. El sindicado celebró en marzo de 2022 su cumpleaños con el artista colombiano Jessi Uribe en un club del Urubó. Se supo que la Felcn estaba al tanto de ese evento.

 Además, durante la investigación se develó que Nallar posee bienes inmuebles que no pudo justificar en relación a los ingresos que pudo acreditar durante las pesquisas. Por ejemplo, se le incautó una hacienda con 450 cabezas de ganado y animales silvestres, 30 motorizados Teryx para deportes extremos y 27 vehículos de alta gama en su poder.

Primera señal. De acuerdo con agentes de la Felcn, juristas cercanos a la investigación y actores políticos, la Policía, el Gobierno y las autoridades del Ministerio Público “evitaron relacionar” a Nallar con cargos de narcotráfico desde el momento de su captura.

 Luego del asesinato de los efectivos policiales, el sindicado se cortó la barba y el cabello con el fin de huir; se trasladó en su avioneta particular hasta San Joaquín, departamento de Beni, pero posteriormente se entregó voluntariamente a la Policía.

 “Hasta el momento, y ya pasó un año, nadie supo explicar, cómo tomó su avión desde el Trompillo. ¿Nadie lo controló? ¿O se lo permitieron?”, dijo un agente de la Felcn a cambio del anonimato.

De hecho, las primeras pesquisas se realizaron al margen de las herramientas establecidas en la Ley 913, de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas.

Los sargentos Eustaquio Olano y Alfonso Chávez, además del voluntario del Gacip José Candia, estaban realizando un patrullaje por la comunidad Cuchis, en la zona del Urubó del municipio de Porongo. Nallar, junto a otras personas, se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas. Al ser fiscalizado por los policías se produjo una discusión y los uniformados usaron gases lacrimógenos. “El sujeto enfurecido fue a buscar a los efectivos policiales y al encontrarlos les disparó provocándoles la muerte”, señala la descripción de los sucesos que se lee en el cuaderno de investigaciones.

Segunda señal. El caso Nallar, además de asesinato, fue por legitimación de ganancias ilícitas. En ese contexto, el Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción y la Felcn halló evidencias de que Misael Nallar mantenía estrechos vínculos financieros con Reina Mercedes Duarte, conocida como ‘Merchi’.

Según la Secretaría Nacional Antidrogas Senad de Paraguay y organismos internacionales, Reina Mercedes Duarte cayó presa en Paraguay durante el operativo denominado “A Ultranzas Py”, el 16 de marzo de 2022, con la cooperación de la DEA y Europol. Es señalada como principal testaferro del clan del narcotráfico “Insfrán”, cuyo líder es el uruguayo Sebastián Marset, acusado de ordenar el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, registrado el 10 de mayo. Murió a balazos de sicarios en Cartagena, Colombia, a donde viajó para pasar su luna de miel.

Como el caso no se investigó bajo la sospecha de narcotráfico, “no se activaron las intervenciones de las comunicaciones ni agentes encubiertos ni el colaborador eficaz” que establece la Ley 913, una norma que forma parte de los acuerdos que el país suscribió, por ejemplo, con la Unión Europea (UE), apuntó el agente.

“Al narcotraficante hay que quitarle cualquier posibilidad de monetización para que no pueda, con ese dinero, corromper a jueces, fiscales ni políticos. No se lo hizo ni se previno. Además, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) debería averiguar hasta el cuarto grado, de manera ascendente y descendente de todos los movimientos económicos de Nallar para saber con qué dinero puede corromper a las autoridades”, complementó y remarcó que no se buscó la cooperación internacional para neutralizar a la organización criminal que estaría detrás de Nallar con apoyo logístico y de las armas que se usaron.

“Estos policías murieron en manos de estos grupos mal habidos, delincuenciales que se quieren asentar en Santa Cruz; sin embargo, queremos manifestar que, como Ministerio de Gobierno, no vamos a abandonar nunca a un policía. Si hacemos fuerza, si hacemos musculatura, vamos a alcanzar la sentencia que tanto anhelamos; por tanto, para nosotros el caso no está cerrado, y vamos a seguir peleando, como lo hemos hecho, contra aquellos jueces que han generado una serie de beneficios en favor del señor Misael Nallar”, afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sobre este caso.

Tercera señal. El desistimiento por parte de las víctimas se dio justo cuando comenzó el proceso por asesinato. El caso por la legitimación de ganancias ilícitas avanza lentamente y existe una pesquisa por narcotráfico debido a que se halló droga en uno de los vehículos que Nallar rentaba. Este proceso también está paralizado.

Días antes, el martes 9 de mayo, familiares de los uniformados acribillados denunciaron que la Policía entregó los celulares de los efectivos después de 10 meses y se dieron cuenta de que habían eliminado fotos y videos tomados el día del crimen. Según los denunciantes, acudieron a un experto en informática para corroborar qué había pasado y grande su sorpresa al descubrir que las imágenes y videos del 21 de junio de 2022, día asesinato, fueron eliminados.

En su momento, Jhonny Aguilera, quien fue comandante de la Policía cuando estalló este caso, pidió explicaciones a la Felcn y luego de 10 días del triple asesinato fue removido del cargo.