La provisión de alimentos en la cárcel de Palmasola y otros recintos penitenciarios del departamento de Santa Cruz entró en crisis este miércoles, luego de que el concesionario suspendiera la entrega regular de almuerzos y cenas debido a una deuda de tres meses por parte de la Gobernación cruceña.
El concesionario de alimentos, Wilman Montaño, alertó que la falta de desembolsos por concepto de prediarios ha imposibilitado continuar con la preparación del “rancho” para los privados de libertad. “A partir de hoy (miércoles) ya no van a recibir almuerzo ni cena mientras no se hagan los pagos correspondientes”, advirtió.
Según explicó, la deuda acumulada alcanza los tres meses, situación que fue abordada en una reunión reciente con autoridades, donde se comprometieron a realizar un desembolso mínimo equivalente al 0,02% del total adeudado como medida temporal. Sin embargo, el monto resulta insuficiente para garantizar la continuidad del servicio.
La situación no solo afecta a Palmasola, sino también a otros recintos como el Centro de Readaptación Productiva de Montero (Cerprom) y carceletas del Norte Integrado, donde el panorama es aún más crítico debido a la dependencia del traslado de víveres desde la capital cruceña. “Allá tienen que esperar que llegue el camión con alimentos para recién comenzar a cocinar”, explicó Montaño
En el caso de Palmasola, existe la posibilidad de reanudar parcialmente el servicio si se concreta un pago en las próximas horas, ya que los insumos podrían adquirirse de inmediato en mercados locales. No obstante, la incertidumbre persiste.
El concesionario advirtió que la falta de alimentación podría generar reacciones dentro de los recintos penitenciarios. “Los internos están acostumbrados a sus horarios de comida. Al no recibirla, van a comenzar a pronunciarse y a motinarse”, señaló.
La crisis expone una situación sensible en el sistema penitenciario, donde, pese a la privación de libertad, los internos mantienen derechos fundamentales como el acceso a la alimentación.
Hasta el momento, las autoridades departamentales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre una solución definitiva, mientras crece la preocupación por posibles conflictos en los centros de reclusión si no se regulariza el servicio en el corto plazo.