Ya son 111 feminicidios en Bolivia los departamentos de La Paz y Santa Cruz son los más violentos

17 de diciembre de 2020, 22:37 PM
17 de diciembre de 2020, 22:37 PM

Los abogados activistas de los derechos de las mujeres cuestionaron la decisión del Gobierno de recopilar propuestas y aprobar las reformas de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348) recién en marzo del siguiente año, cuando el número de feminicidios ya llegó a 111 este 2020.


“¿Hasta marzo cuantas mujeres más van a seguir muriendo? Este problema debe ser atendido por las autoridades, son cinco ministerios que deben coordinar y trabajar, no existe la prevención que tanto exigimos. De qué nos sirve llegar a juicio si en poco tiempo los mismos jueces liberan a los feminicidas”, protestó la abogada, Paola Barriga que es especialista en este tipo de casos.


El Gobierno lanzó este jueves la convocatoria a todos los sectores de la sociedad para que, a través de propuestas, se modifique la Ley 348, con el objetivo de evitar el incremento de casos de feminicidios en el país. Las propuestas serán recogidas hasta febrero y procurarán que las reformas sean promulgadas el 8 de marzo, en el día Internacional de la Mujer.


Paola Barriga, dijo que las reformas que se puedan hacer hacia adelante solo son parches que ensayan las autoridades. Hasta ahora el principal problema es el desconocimiento de las autoridades judiciales de esta norma, porque no favorecen a las víctimas, pero sí a los feminicidas.


En Bolivia, existen hasta el momento 111 muertes de mujeres, los departamentos de La Paz y Santa Cruz son los más violentos y por esa razón la abogada activista reclama que las acciones deben ser ahora mismo y no esperar otros tres meses.


El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que la mujer no quiere que su solución sea solo de carácter penal, sino quiere tener la opción de decidir, resolver primero la situación de sus hijos y también lo que pasará con su vida después de presentar su denuncia.


Barriga aseguró que el otro problema es la implementación de la Ley 348 porque no existen los recursos suficientes para las unidades creadas dentro de la Policía y en la Fiscalía porque, no existe ni siquiera para la gasolina, en el caso de los uniformados, cuando se presenta un caso.