Critican la permisividad a reos peligrosos, el Gobierno dice que el hecho es aislado
El bloque opositor del MAS denunció en más de una ocasión que el Gobierno protege a grupos criminales y permite el asentamiento de cárteles internacionales. El Ejecutivo reiteró a los denunciantes que aporten con pruebas ante la Fiscalía
Tras la fuga del penal de Chonchocoro y recaptura del reo brasileño Felipe Edvaldo Menezes Iglesias, ocurrida el martes, el ex viceministro de Régimen Interior Nelson Cox denunció que el Gobierno es permisivo y concede impunidad a grupos armados que operan con narcotraficantes en el país. Sin embargo, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, manifestó que la fuga frustrada del extranjero, miembro del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, es un hecho aislado.
“Esperemos que se ponga un alto porque se está efectuando actos permisivos con grupos irregulares que portan armas, causando muerte y asesinando policías. No es nada casual y hay una vinculación muy peligrosa. Es un paraestado. Hay tráfico de armas, narcotráfico, sicariatos, grupos irregulares con una venia para obrar. Hay un permiso para matar con estas organizaciones que han pactado impunidad, protección y permisividad con el Ministerio de Gobierno”, acusó Nelson Cox.
No es la primera vez que un miembro del MAS acusa a su propio Gobierno. También lo hizo el exministro Carlos Romero, quien advirtió que Bolivia está amenazada por un proceso de “colombianización” y en riesgo de convertirse en un “narcoestado”.
Romero alertó, hace dos semanas, que el narcotráfico está avanzando en la constitución de “grupos paramilitares” vinculados a la ocupación de tierras, pero también a otros ilícitos, como el tráfico de oro, de madera, es decir, que “está empezando a regular el comportamiento delictivo y a crear una economía criminal en zonas estratégicas del país”.
Al respecto, el viceministro Torrico pidió a los denunciantes que acudan con pruebas ante las autoridades correspondientes. Enfatizó que el caso del brasileño es un hecho aislado.
“El caso del prófugo es un hecho aislado porque estaba detenido por asesinar a un soyero. Nadie lo está protegiendo, la Policía lo capturó en menos de 12 horas y eso merece un aplauso al ministro de Gobierno. Este tema es aislado, pero cuando se trata de buscar el pretexto se moviliza todo”, dijo.
El martes un reo, miembro del PCC (la organización criminal de tráfico de armas y droga más grande de Brasil y que opera en Bolivia desde 2010) fugó del Hospital de Clínicas de La Paz, a donde fue llevado con un certificado médico alterado y con la autorización del penal de máxima seguridad de Chonchocoro. En junio de 2022 también escapó del penal de Palmasola y fue recapturado.
Cox cuestionó que se sancione al eslabón más bajo, es decir a los funcionarios policiales y a la médico, cuando la fuga “tiene nexos con los niveles más altos”.
Por otro lado, el canciller Rogelio Mayta durante su visita oficial por Europa manifestó que algunos eurodiputados y representantes del Parlamento Europeo expresaron su preocupación por la presencia de grupos parapoliciales en Santa Cruz.
El Gobierno y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes reconoce a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) como grupos parapoliciales que habrían cometido hechos delictivos en 2019. Estos hechos se encuentran en investigación.
Sin embargo, el exviceministro Cox afirmó que desde que salió del Gobierno no hay avances en las investigaciones por supuestos intereses del ministro Eduardo Del Castillo para proteger a estos grupos.
El analista político Gustavo Pedraza mencionó que es un error catalogar a la UJC y a la RJC como grupos irregulares, ya que su protesta fue cívica y por la defensa de la democracia.
