El diputado Carlos Alarcón explicó que la pausa parlamentaria no paraliza por completo a la Asamblea. El PGE reformulado, la elección judicial complementaria, una salida transitoria para las acefalías judiciales y la Ley Antibloqueos forman parte de la agenda pendiente.
Aunque la Asamblea Legislativa Plurinacional ingresó en receso desde este lunes 6 hasta el 20 de julio, el diputado Carlos Alarcón sostuvo que ese periodo no equivale a una vacación y que los legisladores pueden reunirse para tratar proyectos considerados urgentes.
El parlamentario, integrante de la comisión de receso, explicó que el presidente Rodrigo Paz o el vicepresidente Edmand Lara pueden convocar a la Asamblea para debatir leyes específicas que requiera el país.
“Yo formo parte de esa comisión de receso y, a pedido del presidente del Estado o del vicepresidente, se puede reunir la Asamblea Legislativa para tratar las leyes de urgencia”, afirmó Alarcón en el programa A Primera Hora de EL DEBER.
De acuerdo con una revisión de los asuntos pendientes, existen al menos cuatro temas que podrían ingresar en una eventual convocatoria extraordinaria.
El PGE reformulado
El primero es el proyecto de Ley 425/2025-2026 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2026, aprobado la madrugada del sábado por la Cámara de Diputados y remitido al Senado para su revisión.
El proyecto llegó a la Cámara Alta después de medio año de ejecución presupuestaria. El receso comenzó antes de que los senadores pudieran concluir su tratamiento, pero Alarcón considera que la comisión de receso puede ser convocada para acelerar su aprobación.
“Podríamos estar tratando en este receso la aprobación del PGE 2026”, señaló el legislador.
Elecciones judiciales complementarias
Otro asunto pendiente es la norma destinada a convocar elecciones judiciales complementarias para cubrir las acefalías de cinco departamentos en el Tribunal Constitucional Plurinacional y de dos departamentos en el Tribunal Supremo de Justicia.
El proceso debe permitir la elección de cinco magistrados del TCP y dos del TSJ que no fueron escogidos en los comicios judiciales parciales de 2024. Una propuesta legislativa presentada anteriormente establecía un régimen excepcional para completar esas autoridades mediante el voto ciudadano.
La presidenta del TCP, Paola Prudencio, remarcó que no puede normalizarse el funcionamiento de esa institución con solo cuatro de los nueve magistrados previstos constitucionalmente.
Una salida transitoria para las acefalías
También permanece en discusión un mecanismo temporal que permita garantizar el funcionamiento del TCP y del TSJ mientras se organizan las elecciones complementarias.
En enero, una comisión de Diputados aprobó un proyecto que proponía autorizar temporalmente al TCP a funcionar con cuatro magistrados y al TSJ con siete. Esa iniciativa fijaba inicialmente el 30 de junio como plazo para completar las elecciones, una fecha que ya venció sin que se realizara el proceso.
Posteriormente surgió otra propuesta para designar magistrados interinos. El planteamiento generó rechazo porque contemplaba que el presidente del Estado cubriera temporalmente las acefalías. La presidenta del TCP y otras autoridades judiciales advirtieron que el Ejecutivo no tiene competencia constitucional para designar magistrados.
Por ello, el Legislativo deberá definir si aprueba un régimen estrictamente operativo hasta las elecciones o si busca otro mecanismo que no contradiga la Constitución.
Ley Antibloqueos
El cuarto proyecto es la denominada Ley Antibloqueos, impulsada por Alarcón y otros legisladores después de las protestas que paralizaron las carreteras durante más de 50 días.
El proyecto presentado por Alarcón continúa en la Comisión de Justicia Plural de Diputados, que todavía no emitió el informe necesario para que sea debatido por el pleno. El legislador denunció que la propuesta lleva más de seis meses sin tratamiento.
La iniciativa establece sanciones diferenciadas: de tres a seis años de prisión para quienes bloqueen vías; de cinco a ocho años para los organizadores; y de 10 a 20 años cuando exista violencia y se ponga en riesgo la vida, la integridad de las personas o el patrimonio público y privado. También plantea mecanismos para exigir la reparación de los daños ocasionados.
Alarcón considera que esta norma constituye otra emergencia nacional que podría tratarse durante el receso.
“No es una vacación donde se paraliza totalmente la Asamblea y no se puede aprobar ninguna ley. Se pueden aprobar cuantas leyes sean necesarias mediante convocatorias específicas”, aseguró.
Una precisión sobre la Procuraduría
Entre los asuntos mencionados inicialmente también figura una posible convocatoria vinculada con la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, la legislación vigente establece que el procurador es designado por el presidente mediante decreto y que la Asamblea solo puede objetar esa designación por dos tercios, dentro de un plazo determinado. Por ello, cualquier propuesta para cambiar el mecanismo de selección requeriría precisar su alcance y su compatibilidad con la Constitución y la Ley de la Procuraduría.
Mientras no exista una convocatoria específica, el receso mantendrá suspendidas las sesiones ordinarias. Sin embargo, según Alarcón, bastaría una solicitud del presidente o del vicepresidente para activar a la comisión y reabrir el debate sobre los proyectos considerados urgentes.