Cultivos ilegales de coca en Bolivia crecen en un 45% y se acercan a la frontera con Perú

La coca ilegal se incrementó en un 45% en 2020, según reveló el propio presidente Luis Arce, cuando presentó un anticipo del informe anual que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) entregará en junio.

Además, hay datos que muestran que las plantaciones se desbordaron a parques nacionales y a la frontera amazónica que Bolivia comparte con el vecino Perú.

La Ley General de la Coca admite 22.000 hectáreas de coca, considerando el uso ritual y medicinal de este vegetal. El pasado año los cocales superaron las 32.000 hectáreas, un indicador inédito en el registro de las tareas de control de este arbusto que también es usado para la fabricación de cocaína.

“Quiero expresar mi preocupación por el estado de situación en la que hemos encontrado los cultivos de hoja de coca en Bolivia. Es el claro ejemplo de lo que pasa cuando nos alejamos de un modelo exitoso. Naciones Unidas adelantó que el año 2020 superamos las 32.000 hectáreas de coca en el país, un nivel al que nunca se llegó desde que se puso en marcha esta nueva estrategia de control, enmarcada en el control social”, afirmó el presidente en la inauguración de las tareas de erradicación de coca excedente.

En el acto, que se desarrolló el jueves en Chimoré, Arce prometió eliminar 9.000 hectáreas en 2021. Por eso, demandó la cooperación de los productores del país para “racionalizar” sus cultivos, de manera que se ajusten a los límites fijados en la normativa vigente.

Ante este escenario, el representante de la Unodc en Bolivia, Thierry Rostan, sostuvo que se trata de un “aumento significativo” del registro, pero aclaró que las cifras aún se están consolidando. “Es una buena estimación y, en efecto, con la eliminación de las 9.000 hectáreas se puede generar una erradicación importante; sin embargo, puede ser que no sea lo suficiente y eso lo vamos a ver en los próximos meses”, apuntó.

La producción de coca está autorizada en Yungas (14.300 ha), donde existe una amplia zona tradicional y en el trópico de Cochabamba (7.700 ha). Las plantaciones en esa última zona datan de inicios de los años 80. No obstante, los sembradíos se extendieron a parques nacionales en el último año y, para peor, estos ahora llegan al norte amazónico.

“Hemos identificado plantaciones de coca en el norte del país; en la frontera con Perú. Son algunos sectores y estamos viendo si amerita un esfuerzo mayor de despliegue en ese sector. Estamos haciendo un reconocimiento para establecer la cantidad de hectáreas con sembradíos de coca en esa área amazónica”, reveló a EL DEBER el coronel de Ejército Clever Moya, jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO), que es la entidad que está a cargo de la fuerza combinada —policías y militares— destinada a la eliminación de la coca ilegal en el país.

El jefe militar explicó que las nuevas plantaciones de coca se encuentran en sitios “cada vez más complicados e inaccesibles” y anticipó otro dato: “Hay reportes que la Unodc nos está haciendo conocer, donde se ve un incremento de hojas de coca en lugares donde no están autorizados. Ya está en proceso la planificación y vamos a actuar en diferentes parques. Vamos a entrar a los parques (pero), sabemos que los equipos no están en buen estado”.

Moya pidió no revelar el nombre de los sitios y parques nacionales donde se encontraron las plantaciones, precisamente, para no perjudicar esas operaciones.

Bolivia y Perú comparten 1.047 kilómetros de una frontera que va desde los 4.100 metros sobre el nivel del mar, en la parte andina; hasta los 100 metros de ese mismo relieve, en la zona amazónica. En caso del país, el área comprende el norte de La Paz y el occidente de Pando que colindan con los departamentos peruanos de Puno y Madre de Dios, respectivamente.

Ambas regiones del vecino país pertenecen al área de influencia del valle cocalero conformado por los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocido por su sigla Vraem. Este sector bajo vigilancia militar peruana desde 2006, cuando se detectó movimientos asociados a la actividad del narcotráfico con vuelos irregulares y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

“Hemos observado que, en estos meses, mucha pasta base (de cocaína) salió de Perú y luego la procesan aquí en Bolivia y esta vuelve a salir al exterior”, señaló el representante la Unodc.

Cifras

El organismo internacional realiza un monitoreo anual de las plantaciones de coca en Bolivia con el apoyo de la Unión Europea. Hasta 2019, las plantaciones de coca estaban en 25.500 hectáreas, un 10% más del registro de 2018. En todo caso, son cifras que están por encima del rango de las 22.000 hectáreas que son legales.

“Esas eran cifras manejables, pero ahora, pasando el límite de las 30.000 hectáreas, ahí son muchas familias que están en el cultivo de la coca”, señaló Rostan.

La oficina especializada de la ONU presentó, en julio de 2020, el más reciente informe sobre los cultivos de coca en el país. El reporte mostró datos de 2019, el año en el que renunció Evo Morales a la Presidencia, por efecto de una compleja crisis política que estalló luego de las elecciones de ese año.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, atribuyó el incremento de cocales de 2019 a la “interrupción del gobierno democrático”, aunque el reporte de la Unodc señaló que ese año disminuyeron los trabajos de erradicación “en medio de los crecientes conflictos sociales y políticos”.

“El autocontrol de las organizaciones productoras de coca parecería haber perdido relevancia durante el periodo de conflicto, favoreciendo a un aumento del cultivo de coca. Asimismo, se han identificado varios cultivos de coca, en áreas que correspondían a superficies deforestadas, evidenciándose una afectación preocupante a los ecosistemas de bosques, especialmente en áreas protegidas”, señaló el informe.

El estudio de la Unodc, presentado en 2020, estableció que seis de las 22 áreas protegidas del país fueron afectadas por cocales en 2019, cuando se observó una “degradación significativa de los ecosistemas y el medio ambiente”.

Durante la inauguración de los trabajos de erradicación y racionalización de cocales, el presidente Arce se comprometió a eliminar los cocales de las áreas protegidas, pero, lamentó que durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez se haya dejado sin efecto el modelo de control social para los cocales que estén fuera del rango legal de las 22.000 hectáreas.

“Nunca más la erradicación de hoja de coca puede servir para militarizar el trópico de Cochabamba. Estamos retomando nuestro exitoso modelo para el control de cultivos”, apostilló. Al respecto, Thierry Rostan señaló que “durante el año pasado, la campaña de erradicación no se hizo correctamente”, porque el mecanismo del control social fue “casi abandonado”.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, enunció otro problema que se debe resolver. La mayoría de los helicópteros que están al servicio de la lucha antidroga están en tierra. De los seis Súper Puma que estaban en operación, a finales de 2019, solo están volando dos y existen 11 UH-1H inoperables por falta de repuestos y mantenimiento.

Ante este escenario, el Gobierno tiene un presupuesto programado de Bs 107 millones que incorpora un aporte de la Unión Europea (UE). El plan demandará el trabajo de 1.750 efectivos militares y policiales en este año.