Dos organismos internacionales concluyeron que el sistema judicial boliviano carece de independencia. El ministro Lima pidió acuerdos políticos para llegar a la cumbre. La oposición y expertos no tienen fe.

6 de diciembre de 2021, 4:00 AM
6 de diciembre de 2021, 4:00 AM

La reforma judicial parece todavía ser un sueño lejano. El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció ayer que la cumbre judicial será en marzo de 2022 y habló de la necesidad de llegar al evento con un pacto político. La oposición respondió y no tienen confianza en la autoridad. La Iglesia Católica pidió cambios en la justicia. Ya son dos organismos internacionales que cuestionan al sistema judicial por su falta de independencia.

“No hay una fecha fija, pero esta cumbre de Justicia tendría una característica diferente a la anterior cumbre. Esta cumbre, lo que busca es un acuerdo político que permita, rumbo a los 200 años del país, tener una justicia nueva, una justicia que implemente los mandatos democráticos de nuestra Constitución”, afirmó Lima.

El ministro aseguró que la reforma judicial se realizará con base a recomendaciones de organismos internacionales, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, que urgen a Bolivia transformar el sistema judicial.

“Estamos trabajando en esa línea de ajustar los mecanismos para tener a los mejores bolivianos como jueces, vocales y magistrados eventualmente dentro de dos años. Ese eje es algo que nos urgen los organismos internacionales y que lo estamos trabajando de manera firme y sostenida porque la elección de jueces o el mecanismo que definamos como país se va a dar en 18 meses”, remarcó el ministro Lima.

En los últimos días, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) demandó a Bolivia realizar una reforma judicial por la falta de independencia de este órgano. Diez expertos revisaron el caso boliviano en derechos humanos y luego surgió la recomendación.

“La falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, evidenciado en procesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores políticos”, dice parte del informe del CAT. El organismo continuó su recomendación pidiendo “llevar a cabo una reforma urgente del sistema de justicia a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso, en particular, adoptando una ley sobre la carrera judicial que garantice la estabilidad profesional”.

Sin efecto

El anuncio de Lima no tuvo mucho efecto en el aparato político del país. La diputada Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana (CC) calificó como “podredumbre” el sistema judicial boliviano y planteó al menos cuatro ejes para consolidar la reforma de la justicia.

“El ministro Lima solo quiere lavarse la cara llevando un discurso de reforma de la justicia, pero no podemos creer en Lima dado que él es el ministro de la persecución, es el ministro del atropello y es el ministro que menos cumple la justicia. Comunidad Ciudadana viene pidiendo la reforma de la justicia hace más de un año, hemos presentado una propuesta con ciertos pilares y hasta la fecha no fue tomada en cuenta por el Gobierno”, afirmó Nayar.

La legisladora acotó que se deben cumplir al menos cuatro pilares para lograr la reforma judicial: el cambio de todas las autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público; detener los procesos de “persecución política” en el periodo del Movimiento Al Socialismo (MAS); llevar adelante un acuerdo con todos los sectores, incluyendo partidos políticos, plataformas, notables, facultades de Derecho y colegios de abogados; y modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Por su parte, el diputado Erwin Bazán, de la alianza Creemos, cuestionó el modo en que el MAS pretende reformar la justicia. El asambleísta criticó que el ministro Lima hable de acuerdos políticos cuando lo necesario -dijo- es sumar aportes de colegiados.

“(El ministro Lima) solo quiere reducir la reforma judicial a las modificaciones al sistema penal, cuando todos los bolivianos sabemos que el problema de la justicia es integral, es un problema que tiene que ver con la corrupción e ineficiencia de la justicia, con el manoseo abusivo que hace el MAS con este Órgano”, dijo Bazán.

El abogado Juan Del Granado consideró que el primer paso que se debe tomar para lograr una reforma judicial es aumentar el presupuesto al Órgano Judicial y al Ministerio Público para tener jueces competentes y juzgados con infraestructura adecuada.

“El ministro Lima anunció para 2022 una tercera cumbre judicial que podría repetir el triste espectáculo de partidización excluyente y de conclusiones cocinadas al calor de los intereses inmediatos del Gobierno. Seguiremos impulsando la reforma vía referendo ciudadano”, afirmó Del Granado.