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El juez Primero Cautelar de Sacaba dictó detención domiciliaria, con custodia policial y sin derecho a salir a trabajar al general Alfredo Cuéllar. 

El comandante de la guarnición militar de Cochabamba es acusado por el delito de asesinato, por las muertes ocurridas en noviembre del año pasado en la localidad de Huayllani para evitar la llegada a la capital cochabambina de un grupo de cocaleros afines a Evo Morales, que había renunciado a la Presidencia acusado de incurrir en un fraude electoral. La imputación en contra del jefe miliar desató el malestar en la cúpula de las Fuerzas Armadas, que se evidenció el miércoles en un pronunciamiento realizado por el Alto Mando.

Además de la detención domiciliaria y la imposibilidad de trabajar, le fijaron una fianza de Bs 250.000, debe presentarse a firmar dos veces a la semana en el juzgado, fue arraigado y tiene prohibido concurrir a determinados lugares.

Cuéllar, en su declaración informativa ante el fiscal de Sacaba, relató que él solo obedeció órdenes superiores y elaboró un plan en función de un decreto y un plan de operaciones. Por tanto, dijo que su trabajo fue netamente administrativo y no así operativo.

La defensa presentó dos incidentes previos. En el primero, solicitaba que el caso sea atendido por un Tribunal Militar y no por la justicia ordinaria. La Fiscalía respondió que eso solo corresponde en casos de guerra interna. 

El juez rechazó la solicitud. El segundo, también denegado, señalaba que el delito de asesinato no correspondía porque el general no mató a nadie, y que simplemente cumplió con su misión de obedecer órdenes.

Patricio Vargas, uno de los defensores del militar, indicó que lo acusaron por “asesinato y tentativa de asesinato, además de lesiones gravísimas y eso no corresponde, porque tiene una función administrativa, no operativa”. Además, manifestó que otro de los vicios de los que adolece la imputación es “la individualización con relación a los cuales fue imputado”.

Luego, el abogado anunció que la defensa apeló la decisión del juez, “porque el monto de la fianza es muy alto y, al mismo tiempo, tendrá dos custodios y no podrá salir”. Ratificó que el general Cuéllar exige una investigación ecuánime de los hechos. “Ver si los disparos fueron policiales, militares, o de los mismos manifestantes”.

La salida del imputado del edificio del juzgado fue muy complicada. Tuvo que sacarse el uniforme que llevaba puesto y, con una polera blanca, se lo vio salir corriendo hasta abordar una vagoneta policial que lo esperaba una cuadra más allá.

Grupos de personas, familiares de las víctimas, generaron enfrentamientos con familiares y amigos del general. Al final de la audiencia, protestaron a gritos contra la decisión del juez, ellos esperaban la detención preventiva.

Uno de ellos señaló que tras los hechos, decenas de dirigentes fueron detenidos y enviados a la cárcel “sin ningún tipo de piedad. Lo único que pedimos ahora es justicia”, se quejó. Otra mujer, que lloraba con desesperación, reclamaba que nada le devolverá a su hijo, y protestó porque el general debió ir a la cárcel.

El malestar

Desconcertada, así se declaró que se encuentra la cúpula militar el miércoles tras la detención del general Cuéllar. “Lo sucedido (la aprehensión de Cuéllar) para las Fuerzas Armadas fue desconcertante. 

Nosotros estamos cumpliendo órdenes de resguardar y proteger constantemente el bien común que es de todos los bolivianos, enmarcados siempre en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, expresó el comandante en jefe de las FFAA, Jaime Alberto Zabala, que leyó un comunicado.

Para la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, las FFAA no pueden evadir su responsabilidad. 

“Es necesario recordar a las FFAA que el artículo 110 de la Constitución, establece que las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas, que esta vulneración hace responsables a sus autores intelectuales y materiales”, y no pueden escudarse en que lo “hayan cometido por orden superior”.

Para este viernes, en las plazas Abaroa de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, las reservas militares protestarán exigiendo una investigación imparcial a los hechos de Sacaba y Senkata que fueron descritos como una masacre, tanto por el oficialismo como por un informe preliminar de la CIDH. “No se busca impunidad, sino investigación imparcial”, aclara Jorge Santistevan.

Otro grupo de militares, en un comunicado, manifestó que la detención de Cuéllar causó mucha preocupación en las FFAA. “Mientras jueces y fiscales retiran acusaciones y órdenes de aprehensión a militantes del MAS por delitos graves, como las muertes en La Calancha, Porvenir, Chaparina, fabricación de bombas molotov, desfalcos al Fondo Indígena y Banco Unión, ahora fijan su objetivo en militares”. Denuncia que, como en el caso “terrorismo I y II”, la intención es amedrentar a quienes piensan diferente.

El general en retiro Tomás Peña y Lillo dijo que “esta vez se pasaron. Primero porque esto se debe procesar en la justicia militar, y segundo, porque mi camarada no cometió el delito de asesinato. Este proceso es político y no lo aceptaremos. Por eso mañana (por hoy) me sumaré a la protesta en La Paz”, dijo.

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