Dan detención domiciliaria a la jueza que extinguió el caso contra Doria Medina

La justicia determinó esta tarde dar detención domiciliaria sin derecho a salida laboral y una fianza de Bs 30.000 para la jueza Melina Lima, acusada por prevaricato tras extinguir el proceso en contra del líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina y dos de sus hermanas.

La audiencia duró varias horas. Los abogados del Gobierno anunciaron que apelarán esa determinación.

Por otra parte, fuentes gubernamentales señalaron que en la investigación que se le hizo a la jueza Lima también se detectaron varios casos de presunto soborno.

La juez cerró un proceso que implicaba a dos hermanas del jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, en el caso denominado Akapana. Fue aprehendida el martes. Está acusada por los delitos de supuesto prevaricato y resoluciones contrarias a la CPE y las leyes.

Akapana era una empresa ‘off shore’ relacionada con la familia Doria Medina. Se vio envuelta en una supuesta evasión de impuestos en la venta de acciones de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) a la cementera mexicana Chihuahua en 2005. 

Las investigaciones dieron cuenta de una defraudación de Bs 55,1 millones por concepto de pago de impuestos. 

El empresario y político vendió en 2005 acciones en la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) a sus hermanas Silvia y Susana, y ellas las traspasaron el mismo día de la transacción a la cementera mexicana Chihuahua, precisamente a través de Akapana SA.

María Lourdes, otra de las hermanas de Doria Medina, fue detenida en el aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz, el mes pasado, y trasladada a La Paz. Poco tiempo después fue liberada por este caso, tras prestar sus declaraciones informativas.

La jueza fue imputada por la Fiscalía bajo el argumento de que decidió cerrar ese caso de manera ilegal. El Ministerio Público pidió la detención preventiva de Lima en la cárcel de Obrajes mientras se realice la investigación, pero el juez consideró que la imputada demostró que tiene domicilio y familia.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que el caso de Akapana pasó a la Sala Penal IV del Tribunal Departamental de Justicia y se determinó revocar las resoluciones de la jueza Lima.

“Han sido revocadas las dos resoluciones que ha emitido la jueza, y los vocales han considerado que no corresponde cerrar estos casos, por consiguiente, esas investigaciones van a continuar”, dijo el titular del Ministerio Público, de acuerdo a radio Erbol.

Con esos elementos, la justicia determinó detención domiciliaria las 24 horas del día para Lima, además de un arraigo para que no pueda salir del país, fianza personal económica de 30.000 bolivianos, prohibición de comunicarse con personas involucradas en el caso y la presentación cada lunes ante el Ministerio Público.

Antes de esta decisión, el presidente de la Asociación de Jueces de La Paz, Norman Espinoza, rechazó la aprehensión y calificó de “arbitrario” el proceso contra la jueza, ratificando el estado de emergencia de la organización.

“Nos ponemos en estado de emergencia, se han adherido los demás distritos, porque en resguardo de la independencia judicial, lo primero que nos llama la atención es la aprehensión de una de nuestras asociadas. Un juez no puede ser sometido a procesos disciplinarios ni penales a raíz de un fallo o resolución que emite dentro de un proceso, el juez goza de independencia para razonar sobre los fallos que emite”, explicó.