Dan ultimátum al Gobierno por avance de coca y marihuana en el Amboró

Por Silvana Vincenti y Eduardo Ruilowa

“Queda prohibida la producción de coca en la zona no autorizada, sujeta a erradicación (...) sin perjuicio de la sanción penal y agravante cuando se trate de áreas protegidas (AP) y reservas forestales, conforme a ley específica”, dice el artículo 17 de la Ley 906, de la hoja de coca, de 2017.

Se concibe como zona no autorizada cualquiera que esté fuera de las provincias Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi (La Paz) y las provincias Chapare, Carrasco y Tiraque (Cochabamba), dice el artículo 16 (Ley 906). Con esto se concluye que todo cultivo de coca en suelo cruceño es ilegal, aunque no necesariamente esté dentro de zona de protección.

Sin embargo, el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de la gestión 2020, y presentado a fines de 2021, indica que en las áreas protegidas del país, los cultivos de coca crecieron un 44%, y que el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Amboró está en peor situación que las demás, con un incremento en 118%.

La semana pasada, el Comité de Gestión de esa AP convocó a una reunión, que debe realizarse el 27 de enero en Comarapa, para la que están convocando a representantes de los nueve municipios de influencia del Amboró, de la Gobernación, Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y Policía Boliviana, a fin de dar a conocer la gravedad de la situación, pero además para buscar convenios y plantear una serie de demandas al nivel central, que siguen pendientes desde mayo del año pasado, cuando hubo un primer acuerdo en Buena Vista, que dicen no se ha cumplido.

“Hemos visto que aumentaron las plantaciones y no solo de coca, nos informaron que también de marihuana por la carretera antigua. Además hay explotación de madera, caza y pesca ilegal. Hay lugares donde no dejan entrar al Sernap, tampoco a la Gobernación; tenemos poco personal y como recién hicimos la directiva del Comité de Gestión, este año estamos viendo las cosas que están pasando y está grave lo del Amboró”, alertó Dulfredo Cahuasiri Navarro, vicepresidente del Comité de Gestión de esa AP.

Lamentó que existan más campamentos que guardaparques, que pasaron de 24 en los buenos tiempos a nueve en la actualidad, y que además los municipios del área de influencia empiecen a restar apoyo. “La Alcaldía de Samaipata quiere quitarnos el terreno que nos donó para el Centro de Interpretación, y donde además se invirtió en infraestructura”, cuestionó.

Según Cahuasiri, el director del Amboró, Edwin Condori, está informado sobre las demandas. “Queremos trabajar bien, pero le falta mano dura, parece que tiene miedo de perder su trabajo y no quiere hacer reclamos a la nacional”, aludió.

Dijo que de la reunión del 27 tendría que salir un voto resolutivo y que, de no tener una respuesta, se desconocerá al director Condori y se tomarán las oficinas del Sernap en Santa Cruz.

El vicepresidente del Comité de Gestión indicó que el año pasado ya en mayo, cuando entró el director, se hizo una toma de Buena Vista para pedirle su renuncia.

“Esa vez llegó gente desde La Paz, exigimos que contraten más personal. El Centro de Interpretación de Buena Vista se está cayendo, tenían que arreglarlo. Al estar dentro del ANMI nosotros no podemos tumbar árboles y tenían que traernos proyectos que nos ayuden a convivir con la naturaleza. Nada se cumplió. Esta vez nos vamos a estrellar con el Ministerio”, dijo.

Jorge Landívar, director del Amboró entre 2016 y 2018, tiene la percepción de que en el último año la producción de coca se ha triplicado, y que por eso hay la preocupación. “La ley dice que el director del Amboró es la máxima autoridad dentro del AP, ni el ministro del sector ni el presidente están por encima. Es el único que tiene tuición”, aclaró sobre el rol de Condori.

La mayor inquietud del Comité de Gestión es que las prácticas ilegales ya perforaron la zona de protección estricta, como reflejan los monitoreos satelitales.

Román Vitrón, ingeniero ambiental y ex responsable de monitoreo ambiental del Amboró, hizo un monitoreo con más de 20 puntos de chacos para coca dentro de la zona de protección, es decir donde no se permite actividad antrópica alguna.

Dijo que la decadencia del Amboró inició en 2009, ya que desde entonces no hubo Comité de Gestión hasta 2021, sumado al debilitamiento de la institucionalidad en una época de partida de las ONG, presión de la coca, nuevas comunidades y disminución de los recursos económicos destinados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

“Desde que el Gobierno empezó a echar a las ONG todo empeoró, no hubo financiamiento, los fondos se fueron y el Gobierno no tuvo capacidad para asumir eso, redujo personal. Por ejemplo los guardaparques ya no van a Ichilo, que una de las zonas más difíciles para el Amboró”, dijo.

Cahuasiri coincidió en que lo más grave está en la zona norte, área de Yapacaní, San Carlos, Caranda, Buena Vista, “me refiero a la coca, marihuana y explotación de la madera, esta última por los ríos Ichilo y Yapacaní”, agregó.

Según él, la parte de Ichilo está llena de chapareños que vienen de Bulo Bulo a plantar coca, mientras que los traficantes de madera llegan desde La Paz.

El director del Amboró, Edwin Condori, reconoció que el problema de la coca lleva como 15 años, y que San Mateo, en Ichilo, es una zona peligrosa, incluso para los guardaparques, mientras que el mayor problema con la madera se da en la zona de Bolívar, dentro del ANMI.

Condori aseguró que se están tomando acciones, que se hacen monitoreos sorpresivos y que se han mandado cartas a instituciones, como la Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico (UDESTRO), para que procedan a la erradicación de coca de acuerdo a su presupuesto y disponibilidad.

En el caso de los cultivos de coca dentro de la zona de protección (sector parque nacional), indicó que es difícil identificar a los infractores, ya que solo se encuentran los cultivos, pero no a las personas y tampoco son tierras tituladas como para responsabilizar a alguien. El mismo modus operandi se da en el Área Protegida municipal Bajo Paraguá, donde los avasalladores tienen hasta cultivos, pero no casas, de tal modo que nunca hay a quién notificar.

Reconoció la existencia de cultivos en el ANMI, pero dijo que en pequeñas cantidades, y que lo más serio ocurre en la zona núcleo (de protección), tanto en cuanto a coca como a la tala de madera.

Fuente de agua

Como ambientalista, Vitrón dijo que se está destruyendo un lugar que todavía no se ha estudiado, que se practica la caza y hasta la pesca comercial, que ya no hay la misma cantidad de peces, y que tampoco se encuentra la mara, pero que además se está destruyendo el hogar de los jaguares.

Sobre todo, insistió en el impacto del Amboró para el aprovisionamiento del agua a toda la zona de influencia que llega hasta Santa Cruz de la Sierra. “Entre el 60 y 80% del agua que se provee a la capital cruceña tiene sus nacientes en el Amboró. La sociedad debe interiorizarse más sobre la importancia de este parque nacional y exigir que se reactive el turismo para frenar el declive”, dijo.