La propuesta para regularizar vehículos indocumentados presentada por el diputado Reinaldo Seas (Libre) volvió a poner en el centro de la discusión el costo de importar un vehículo de manera legal, la estructura tributaria que enfrenta el sector y las consecuencias que una medida de este tipo podría tener sobre el empleo, la inversión, el valor de los motorizados y la lucha contra el contrabando.
“El cúmulo de impuestos que se paga hace que un vehículo sea caro y eso no es por voluntad de los importadores, sino porque así está normado”, afirmó el gerente de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), Luis Encinas, quien estima que la carga tributaria puede representar hasta el 50% de la base imponible de los vehículos.
La propuesta legislativa plantea la regularización extraordinaria de vehículos indocumentados bajo el argumento de que miles de motorizados circulan desde hace años sin posibilidad de acceder a una situación jurídica regular.
En la exposición de motivos, el proyecto sostiene que la medida permitiría incorporar esos vehículos a la economía formal, generar ingresos para el Estado mediante el cobro de tributos y destinar parte de esos recursos a obras de infraestructura vial.
No obstante, la iniciativa reactivó otra discusión que el sector automotor considera pendiente: el costo de la importación legal.
Según Encinas, además de los tributos aduaneros, los importadores deben asumir el Gravamen Arancelario (GA), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), además de otros impuestos y costos asociados a la comercialización formal.
Desde la CAB sostienen que esa estructura tributaria termina encareciendo significativamente el precio final de los vehículos y resta competitividad frente a los motorizados que ingresan por contrabando.
“En un país que no tiene industria automotriz propia, la importación legal debería ser más barata para favorecer la renovación del parque automotor y desalentar el contrabando”, sostuvo Encinas.
“En todo el mundo, el que no tiene industria como nosotros, como en Bolivia por ejemplo, tratan de proteger, renovar el parque automotor con normas, debería ser más barato la importación legal, de esa manera se pararía todo este tema de contrabando y otro tipo de delitos”, sostuvo Encinas.
Los efectos negativos
El sector advierte que una nueva regularización no solo tendría efectos sobre las empresas importadoras, sino sobre toda la cadena automotriz.
La CAB calcula que la actividad genera alrededor de 8.000 empleos directos y 64.000 empleos indirectos, entre concesionarias, talleres, empresas de mantenimiento, comercializadores de repuestos y otros servicios vinculados al rubro.
Según Encinas, una mayor oferta de vehículos regularizados podría reducir las ventas del mercado formal y obligar a las empresas a continuar ajustando sus operaciones, con el consiguiente impacto sobre las fuentes laborales.
A ello se suma otra preocupación: la depreciación del parque automotor legalmente importado. La CAB estima que una eventual nacionalización masiva podría reducir hasta en un 50% el valor comercial de esos vehículos, afectando el patrimonio de miles de propietarios que adquirieron sus motorizados pagando impuestos y, en muchos casos, mediante créditos bancarios aun vigentes.
Más allá del impacto sobre el mercado automotor, la controversia también reavivó el debate sobre la seguridad jurídica y el clima de inversión. El sector sostiene que una eventual regularización de autos chutos envía una señal contradictoria para quienes realizan inversiones, cumplen con la normativa y asumen la carga tributaria vigente.
“¿Quién va a venir a invertir en un país que da señales de que no se respeta la normativa, no se respeta a la inversión que cumple con los impuestos, y se da curso a la ilegalidad?”, cuestionó el gerente de la CAB.
Sin embargo, el futuro del proyecto aún no está definido en el ámbito legislativo. El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, evitó adelantar una posición sobre la iniciativa y señaló que corresponderá a la comisión competente analizar sus alcances técnicos y económicos antes de determinar su pertinencia y definir si continúa su tratamiento.
El impulsor de la norma anunció que tras la polémica mejorará su propuesta y rechazó la posibilidad de retirla, pese a la presión de su bancada.
Rechazo internacional
La propuesta para regularizar vehículos indocumentados en Bolivia también provocó reacciones en otros países. Autoridades chilenas y representantes del sector automotor mexicano advirtieron que una eventual aprobación de la iniciativa podría incentivar el robo y tráfico de vehículos, además de enviar una señal contraria a la lucha contra el contrabando y el crimen organizado.
Desde Chile, el diputado Sebastián Videla anunció que solicitó una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores para analizar el alcance del proyecto boliviano y expresó su preocupación por un eventual incremento del robo de vehículos en el norte chileno ante la expectativa de que estos puedan ser posteriormente regularizados en Bolivia.
Desde México, el director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Fernando Lascurain, señaló que una regularización de vehículos ingresados ilegalmente equivaldría a otorgar legalidad a bienes cuyo origen podría estar vinculado con actividades ilícitas.