El Gobernador está en La Paz y se reunió con la bancada potosina del MAS. La autoridad firmó dos contratos con la observada empresa Estefals Logistics para la provisión de 41 ambulancias y cinco vehículos para la Policía que figuran como "reparados".

30 de marzo de 2022, 11:18 AM
30 de marzo de 2022, 11:18 AM

Una Comisión Especial de Fiscalización de la Asamblea Legislativa de Potosí recomendó el inicio de una acción penal contra el gobernador Jhonny Mamani y de “todos los servidores” que participaron de la fallida adquisición de 41 ambulancias para ese departamento.

Además, esta entidad declaró “vinculante y de obligatorio cumplimiento” las recomendaciones y determinaciones de la Procuraduría, que halló responsabilidades en las gestiones que asumió Mamani como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).

Hace algunos días, Mamani había minimizado el alcance del informe 005/2022 que está firmado por el procurador, Wilfredo Chávez. “El tema de la Procuraduría son sólo recomendaciones para hacer seguimiento a todos los procesos penales”, indicó entonces.

El pasado 19 de marzo arribaron al puerto chileno de Iquique, de un lote de 44, 41 ambulancias, con el logotipo de la Gobernación potosina. Mamani firmó el 26 de noviembre de 2021 un contrato con la empresa unipersonal Estefals Logistics para la provisión de esas unidades.

Esta empresa, no obstante, usó un número tributario NIT “prestado” y se constató que no tiene registro en Impuestos Internos. Es más, la Gobernación aceptó la oferta más elevada en esta adquisición y Mamani delegó de manera ilegal la responsabilidad en este proceso.

“Las contrataciones directas en el marco del Decreto 432 son de exclusiva responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad contratante; sin embargo, se designa la atribución al Responsable de Procesos y Contrataciones”, señala la comisión.

El informe 002/2022 de esta entidad está firmada por seis legisladores regionales, la mayoría de ellos del Movimiento Al Socialismo (MAS), y pide al presidente de la Asamblea Departamental, Marcial Ayali, que valide el informe en el pleno.

“Comisión Especial de Fiscalización recomienda al pleno de la Asamblea Legislativa el inicio de acciones penales en contra de todos los servidores públicos que sean autores materiales o intelectuales que participaron en el proceso de contratación de adquisición de 41 ambulancias Tipo I”, concluye esta comisión especial.  

Además de Mamani, como máxima autoridad, las irregularidades implican a los funcionarios Carlos Alberto Aguirre, Jorge Velarde y David Pozo, quienes firmaron el acta de recepción de las 41 ambulancias el 31 de diciembre de 2021, pero sin la presencia física de estos vehículos. También está mencionado Luis René Loayza como responsable de contrataciones.   

Ese día, la Gobernación intentó pagar los Bs 20,5 millones a la empresa observada, pero el desembolso fue bloqueado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que detectó irregularidades. El informe de la Procuraduría señala que Mamani estaba al tanto del proceso.

El 24 de enero, Mamani anuló el contrato con Estefals Logistics mediante la Resolución administrativa 028/2022. La Procuraduría y la Comisión Especial de Fiscalización señalan que ese no era el camino legal. “Correspondía la resolución del contrato administrativo y la ejecución de las boletas de y/o pólizas de garantía”, apunta el informe.

Mamani, en un informe remido a la Asamblea Legislativa, señaló que por recomendación de su equipo jurídico no correspondía ejecutar la póliza de garantía por Bs 1,4 millones, porque implicaba el reconocimiento de un acuerdo ilegal, que, sin embargo, fue firmado por el gobernador.

Sobre la autoridad departamental también existen cargos por la compra directa y sin licitación de cinco camionetas Toyota Hi Lux a la misma Estefals Logistics. Estos motorizados tienen un motor Euro-4 que requieren de un combustible de mayor octanaje que no se fabrica en el país. Además, en la documentación de importación señala que son “reacondicionados y reparados”.

El presidente del legislativo potosino, Marcial Ayali (MAS) señaló en varias ocasiones que la suspensión de Mamani no era una posibilidad que está dentro de las competencias de la Asamblea y aseguró que “no hubo daño económico”. La oposición minoritaria en Potosí consideró que hubo una pérdida porque no se ejecutó la póliza de garantías con lo que se reporta un menoscabo de Bs 1,4 millones para el erario regional.

Mamani, que rechazó la posibilidad de renunciar, prevé reunirse este miércoles con la bancada potosina del MAS en La Paz y con el presidente Luis Arce.