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El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó que se iniciaron procesos penales contra más de 30 personas sindicadas de atentar contra la salud pública, con acciones de agio y especulación en la venta de medicamentos para la lucha contra la Covid-19 y el ejercicio ilegal de la profesión.

“Más de 30 personas ya han sido conducidas al Ministerio Público por atentar contra la salud de la población", dijo Silva, agregando que los implicados podrían enfrentar una pena de privación de libertad de 10 años por los delitos cometidos.

Consultado sobre el problema específico en Santa Cruz, informó que el 60% de las denuncias de cobros excesivos por servicios y medicamentos provienen de este departamento.

"El 60% de las clínicas y farmacias desconocen la RM 43/2021, con la lista de precios de medicamentos y de servicios de salud, establecidos por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed)", manifestó.

El viceministro lamentó, además, no contar con el acompañamiento del Sedes de Santa Cruz. "Han asumido más una actitud política-partidaria de defensa de farmacias y clínicas, que de los intereses de los consumidores", aseveró.

Silva dijo que el Viceministerio estuvo en Santa Cruz el miércoles, junto a la Agemed y la Felcc, y que sin embargo no se pudo sancionar, menos procesar, porque personal del Sedes señalaba que no conocían la norma y que no había procedimiento para sancionar a los establecimientos de salud.

Según la autoridad, los 30 procesados son de El Alto, La Paz, Cochabamba, Tarija y Oruro.

Se consultó a personal del Sedes Santa Cruz sobre el tema y Marco Stelzer, gerente de la Unidad de Gestión de Calidad, dijo que el Sedes tiene una planificación establecida para efectuar los controles a farmacias, empresas que producen oxígeno y clínicas privadas, así como supervisar hospitales públicos para dar cumplimento a la normativa. 

No respondió a la crítica de Defensa al Consumidor y se limitó a decir que: "Lógicamente, la ejecución de esta planificación, que es coordinada con la Policía, es de carácter reservado por razones obvias, pero durante todo este mes se han efectuado operativos y  continuarán realizándose", aseguró.

Tampoco precisó cuántas denuncias han recibido y a cuántos han llevado hasta el Ministerio Público.


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