Defensa de acusados de quemar mercado ilegal de coca denuncia que la inspección tenía como finalidad quitar el precintado
Los abogados aseguran que se quitó el precinto de seguridad para permitir que el mercado ilegal de venta de coca vuelva a abrir las puertas
Una sorpresiva audiencia de Inspección Técnica Ocular (ITO) fue instalada en el mercado ilegal de coca que fue quemado el 8 de septiembre. Los abogados defensores acusaron de prevaricato al juez y a los fiscales que llevaron adelante este acto y además denunciaron que quitaron el precinto judicial para reabrir este abasto ilegal.
“Se ha quitado el precinto con al único fin de que este mercado ilegal abra sus puertas de nuevo, es increíble cómo la justicia y la Fiscalía se prestan a un acto político. Con este desprecinto se anula cualquier posibilidad de que haya una reconstrucción de los hechos porque ya estará totalmente contaminado”, protestó la abogada, Paola Barriga, al informar que la tarde de este viernes se levantó las restricciones que había en este edificio.
El 8 de septiembre se produjo una avalancha de cocaleros sobre el mercado ilegal que había abierto Arnold Alanes, quien instaló personas que arrojaron bombas molotov y cachorros de dinamita desde la terraza del edificio de cuatro pisos. En menos de una hora, la muchedumbre de cocaleros tomó e incendió el mercado; por esos hechos hay cuatro personas detenidas en el penal de San Pedro de La Paz.
La abogada Barriga explicó que las autoridades cometieron varias irregularidades, la primera fue la notificación, dijo que ellos fueron notificados a las 10:00 de este viernes cuando el procedimiento señala que debe ser 24 horas antes; la segunda irregularidad fue notar que el mercado ya había sido abierto.
“Cuando se produjo los hechos, todos vieron que el mercado estaba abierto totalmente y las puertas fueron destruidas; ahora encontramos el mercado con puertas y trancado desde dentro con maderas, ahí ya se había violado la seguridad”, relató la abogada.
La tercera irregularidad fue el ingreso al mercado, los fiscales pidieron que ingresen los abogados, pero no así los acusados, a los que mantuvieron fuera del edificio. Finalmente decidieron que quitarían el precinto sin que se cumpla el procedimiento.
Otra abogada defensora, Evelyn Cossío, relató que hay tres fiscales y 10 investigadores asignados al caso y entre todos impulsaron la audiencia que tenía el único fin de quitar los seguros y permitir la apertura de este cuestionado mercado.
“Nos llama la atención la celeridad con la que se actúa el Ministerio Público en este caso, mas aún tomando en cuenta que en todo proceso penal el último acto que se realiza es la inspección técnica ocular, pero lamentablemente aquí están atropellando”, lamentó Cossío.
Luego dijo que todas estas irregularidades serán tomadas en cuenta a la hora de presentar el caso a nivel internacional, "porque está visto que en Bolivia será muy difícil" que su cliente encuentre justicia. Relató estos hechos en clara alusión al último informe de la CIDH respecto a la violación de derechos humanos que se produjo en abril de 2009 y se conoció las conclusiones 13 años después.
