Los abogados creen que las autoridades arriesgan una severa llamada de atención de la comunidad internacional por este tipo de decisiones

17 de enero de 2023, 23:00 PM
17 de enero de 2023, 23:00 PM

Los abogados defensores de la ex presidenta Jeanine Áñez cuestiona la decisión de la justicia ordinaria que decidió incluir a la exmandataria en una causa ordinaria vinculada a las muertes de Senkata. Para la defensa de Áñez, la Asamblea Plurinacional debe proceder mediante un juicio de responsabilidades atendiendo a su condición de expresidenta.


“Hay tres instancias, dos órganos del Estado, dos poderes que reconocen que el juicio del caso Senkata es un juicio de responsabilidades de acuerdo al artículo 184 de la Constitución Política del Estado”, cuestionó el abogado, Alain de Canedo, miembro del equipo de asesores que tiene la exmandataria.


Esta tarde, mediante un mensaje publicado por el ministro de Justicia, Iván Lima, se conoció una nueva imputación contra Áñez. En esta ocasión, será un juzgado de El Alto quien asuma, mediante un juicio ordinario, el caso por las muertes en Senkata.

En julio de 2021, las familias de las víctimas presentaron la proposición acusatoria en contra de la ex mandataria ante la Fiscalía General. Esta instancia remitió una consulta al Tribunal Constitucional para resolver si la causa correspondía a un juicio de privilegio. 


En agosto, la propia fiscalía presentó cuatro proposiciones acusatorias en contra de Áñez en el parlamento. En septiembre de 2021 la comisión mixta de Justicia Plural inició el tratamiento de las cuatro acusaciones, una de ellas es por el caso Senkata.


Alain de Canedo vincula el apresuramiento del Gobierno con el inminente arribo de la mesa de seguimiento que implementó el GIEI para dar cumplimiento a las recomendaciones sobre los sucesos de 2019.


En criterio del abogado defensor, la inclusión de Áñez en un juicio ordinario obedece a una decisión política que no tiene sustento jurídico y que podría provocar conflicto legal internacional más adelante. Insiste en que se desconocen abiertamente los derechos de la expresidenta.


“Seguramente desembocará en que este proceso se anule, porque no se discute culpabilidad o inocencia de la expresidenta, sino la constitucionalidad de un mandato. Las reglas de enjuiciamiento no se pueden cambiar a capricho de alguna autoridad, hay amplia jurisprudencia sobre esto”, advirtió el abogado.