El pronunciamiento recalca que todavía no existe un veredicto final en el juicio por la masacre de hace 17 años. Ayer se conoció que el Tribunal de Apelaciones anuló una decisión a favor del expresidente

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4 de agosto de 2020, 10:28 AM
4 de agosto de 2020, 10:28 AM

La defensa del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y del exministro Carlos Sánchez Berzaín emitió un pronunciamiento ante la decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos (EEUU), por el Onceavo Circuito, que anuló una decisión del tribunal de primera instancia a su favor, dentro del juicio por los hechos registrados en octubre de 2003 en Bolivia.

El comunicado del entorno del exmandatario sostiene que “no hay ningún sustento que responsabilice a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín por las trágicas muertes que ocurrieron cuando se trató de preservar el Estado de Derecho en el marco de la ley frente a violentas protestas que fueron instigadas por Evo Morales, entre otros, para derrocar a un gobierno legal y democráticamente elegido de Bolivia”.

En abril de 2018 un jurado halló responsables a los exfuncionarios gubernamentales en el marco del Estatuto de Protección de las Víctimas de Tortura (TVPA por sus siglas en inglés) y adjudicó $us 10 millones en daños, después de un juicio de un mes que incluyó seis días de deliberaciones del jurado.

Sin embargo, un mes después que el jurado dictara su veredicto, el tribunal de primera instancia dejó de lado el dictamen y emitió su propio fallo, librando a los demandados Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín de responsabilidad por supuesta falta de pruebas.

En noviembre de 2019, dos de los demandantes, Etelvina Ramos y Eloy Rojas, cuya hija de 8 años perdió la vida por balas disparadas por soldados durante la masacre, viajaron a Miami para que se escuchara su apelación.

La defensa de las exautoridades explica que el Tribunal de Apelaciones definió no tomar una decisión final en relación a la demanda. Lo que hizo fue anular las decisiones de la Corte que atendió el caso y devolver el expediente para procedimientos adicionales.

Sostiene que no existe evidencia que conecte a Goni y Sánchez Berzaín con la muerte de las personas durante la denominada “Guerra del gas”, enfatizando que “los demandantes ya admitieron que los demandados no dieron órdenes de disparar y matar a civiles desarmados”.