Defensa de la expresidenta Áñez busca su liberación al cumplirse cuatro meses de detención
El 14 de marzo, una jueza ordenó la detención preventiva de la exmandataria en el penal de Obrajes. La Fiscalía pidió más tiempo para las pesquisas y el plazo se amplió a seis meses
La expresidenta Jeanine Áñez cumplirá esta semana cuatro meses de detención preventiva y los abogados que la patrocinan pedirán su liberación, informó este lunes a EL DEBER-Radio Jorge Valda, uno de los abogados de ese equipo jurídico.
“Estamos pidiendo que Jeanine Áñez sea libertada conforme a los cuatro meses que dispuso la juez inicialmente. Y no seis meses porque esa fue una interpretación fuera de lugar”, afirmó el jurista, quien precisó que ese trámite fue presentado ante los juzgados de El Alto.
Valda explicó que la defensa optó por plantear el recurso de libertad en un juzgado distinto al que trató la causa contra la expresidenta transitoria.
La exmandataria fue aprehendida el 12 de marzo en Trinidad, donde tiene su residencia, tras una acción directa en la que participó el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo y el comandante de la Policía Jhonny Aguilera.
Tras el operativo fue trasladada a La Paz para responder por cargos de supuesta sedición, conspiración y terrorismo. El 14 de marzo, la jueza novena de Instrucción en lo Penal de La Paz, Regina Santa Cruz, ordenó la detención preventiva de la expresidenta Áñez en el penal de Obrajes.
El 20 de marzo, la Fiscalía solicitó más tiempo para la investigación y el juez aceptó ampliar la detención preventiva contra la expresidenta. En este caso, Áñez fue encausada como exsenadora y no se le reconoció un juicio de privilegio.
Este caso fue activado a denuncia de la exdiputada Lidia Patty (MAS).
El Ministerio Público la acusó de acceder al poder, en noviembre de 2019, de manera ilegal, aunque según el abogado Luis Adolfo Guillen hasta el momento no se planteó ninguna evidencia contra Áñez sobre delitos de terrorismo.
“Hasta el día de hoy se han cumplido 175 actuados investigativos que están en el cuaderno de investigación y no existe una prueba contundente. Ni siquiera una prueba objetiva que indique que la señora Jeanine Áñez haya organizado alguna movilización o que alguna movilización de 2019 haya sido terrorista”, apuntó el jurista.
Guillen precisó que la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno y la Presidencia del Senado presentaron otra denuncia por este caso, llamado “golpe de Estado”, pero bajo los cargos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley.
De acuerdo con la acusación, la exmandataria pudo cometer estos delitos cuando asumió la presidencia del Senado y la del Estado sin haber cumplido los requisitos legales establecidos para la sucesión constitucional tras la renuncia de Evo Morales al cargo.
Morales dejó la presidencia tras las fallidas elecciones de 2019 y tras un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que no pudo reconocer ese acto electoral por que identificó “una manipulación dolosa” de esos resultados.
Las dudas sobre las elecciones, a las que postuló Morales a pesar de los resultados del referéndum de 2016, y la dimisión presidencial de 2019 provocaron una crisis política con actos de violencia que afectaron a autoridades del MAS y a ciudadanos que reclamaron por un “fraude”.
