Defensa de los militares bolivianos detenidos en Chile afirma que los efectivos perseguían a ‘contrabandistas’ y solicita arresto domiciliario

Las supuestas víctimas de los tres militares bolivianos detenidos en Chile huían desde Bolivia a territorio chileno con cargamento de contrabando, esa fue la argumentación expuesta por la defensa de los uniformados en la audiencia de formalización. El abogado Christian Castro Hernández solicitó a la jueza de Pozo Almonte, Daniela Gutiérrez, el arresto domiciliario para los imputados y, en el mejor de los casos, la expulsión de los militares bajo pago de fianza. 

Por su lado, el fiscal Hardy Torres, quien afirmó que los militares son un "peligro" para la sociedad chilena, en su réplica, insistió en su pedido de detención preventiva en una cárcel de Chile para los tres uniformados. El investigador intentó refutar que las supuestas víctimas huían de Bolivia hacia Chile. 

"Huían desde Bolivia a Chile. ¿Son víctimas de robo? Eran personas que escapaban de Bolivia (…) ¿Acaso estaban paseando en el salar? No, son personas que llevaban contrabando", afirmó el abogado Castro Hernández en la audiencia, que ya lleva más de dos horas y que entró en un segundo receso para el dictamen de la jueza. 

El abogado defensor explicó que las tres personas que denunciaron a los defensores tenían en su poder vehículos sin placas de control ni de Bolivia ni de Chile y que, aproximadamente, a las 20:00 del 7 de septiembre los militares iniciaron una persecución en el lado boliviano contra estas personas. Se denunció que llevaban cargamento de contrabando. Dos de los tres vehículos son camiones pequeños y que luego se enfangaron en suelo chileno. 

Además, el jurista explicó que el tercer vehículo, uno pequeño, llegó a la zona en un "camión cigueña", que es conocido como el medio de transporte de los autos chutos y que busca rutas ilegales, para llegar desde el lado chileno a poblaciones bolivianas. 

También, el abogado dijo que uno de las supuestas víctimas tiene antecedentes penales en Bolivia y que según su reporte migratorio ingresó en el último tiempo en ocho ocasiones, pero solo en tres registró sus salidas por la vía legal. Del otro denunciante dijo que tiene documentación falsa. 

Con esa explicación, la defensa solicitó arresto domiciliario para los tres militares y acreditó dos domicilios para que cumplan esa medida. El primero, una residencia común y el segundo, en el consulado de Bolivia en Iquique. Pero Castro dijo que en el mejor de los casos se solicita la expulsión de los uniformados bajo pago de fianza, algo que el fiscal Torres rechazó. 

La jueza Gutiérrez determinó un receso en la audiencia para decidir su dictamen.