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La defensa de los militares bolivianos en Chile se acercará a la Fiscalía chilena para iniciar una negociación. Se buscará una salida de procedimiento abreviado sin reconocer el delito de robo con el fin de lograr una expulsión del vecino país, explicó el abogado Maximiliano Mendoza, quien es uno de los juristas contratados por el Estado boliviano para defender a los uniformados.

Lamentablemente sí, traspasaron a territorio chileno. Eso es un hecho que no se puede discutir, que es lo que vamos a tratar de negociar con el Ministerio Público respecto a un procedimiento que sea diferente a un juicio oral y sea un procedimiento abreviado y sea una expulsión”, informó Mendoza en entrevista con la red Erbol.

El abogado explicó que esta salida de procedimiento abreviado no significa que los uniformados admitan que cometieron el delito de robo, como se los acusa en el vecino país. Mendoza añadió que ya tomó contacto con la Fiscalía de ese país y también dijo que se buscará la apelación a la decisión del juzgado de Pozo Almonte, que decidió detención preventiva para los militares por 90 días en el penal de Alto Hospicio.

Los militares bolivianos relataron que antes de su captura estaban en una operación de persecución a contrabandistas que ingresaron al país desde la localidad de Pisiga Choque, en el lado chileno. La columna de contrabandistas había cruzado la frontera a las 18:40 del 7 de septiembre. Ese fue el primer reporte. Lo hicieron por un paso ilegal lejano al de Pisiga-Colchane, que es el punto fronterizo legal. Pasaron 29 kilómetros hacia el lado boliviano y fueron identificados en Villa Vitalina. Ahí empezó la persecución.

La madruga del 8 de septiembre fueron capturados por carabineros chilenos a un kilómetro y medio de la frontera. Los acusan de robo, pero según la defensa, ellos atraparon un vehículo que pasó a Bolivia y estaba sin placas. “La idea es acortar el tiempo del proceso y se permita una pronta negociación”, dijo el abogado.

La sanción para los tres militares sería la expulsión de Chile. Sin embargo, el fiscal chileno Hardy Torres afirmó que la investigación debe seguir y que se debe cumplir el plazo de detención preventiva. Además, descartó que haya una negociación diplomática en este caso.  

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