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El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, impulsa la creación de comités departamentales para la lucha contra el agio y la especulación de medicamentos, insumos y servicios en el marco de la pandemia por coronavirus.

Jorge Silva, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, en declaraciones a radio Panamericana, sostuvo que a través de los comités departamentales se busca realizar una cruzada nacional con el objetivo de precautelar el derecho de acceso a la salud y evitar más afectaciones a la economía de la población, a raíz de la especulación de medicamentos, el incremento de costos de atención en salud, funerales y otros. 

“Ya tenemos comités en La Paz, en Oruro, en Sucre y en Potosí, y la próxima semana en Cochabamba, Santa Cruz y el resto del país, es decir deben articularse las organizaciones municipales y departamentales, aquí no hay ningún interés político, porque la lucha contra la pandemia debe ser general y conjunta”, dijo Silva.

La autoridad señaló que los comités tienen el objetivo de realizar controles respecto a la comisión de los delitos de agio y especulación detectados principalmente en farmacias, laboratorios, hospitales, clínicas y funerarias debido a la creciente demanda registrada a partir del ingreso de la pandemia al país.  

Silva detalló que cuando se detecten indicios de agio o especulación, que se está produciendo, sobre todo en redes sociales, inmediatamente la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen tiene que activar la acción directa penal, para detener a las personas y se deben imponer la sanción que establece el Código Penal por atentados a la salud pública que tiene hasta 10 años de cárcel.

Debido a la pandemia, la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) estableció una lista de precios para medicamentos, insumos médicos y servicios; en caso de incumplimientos se debe proceder a la sanción económica que puede ser de 1.000 a 10.000 Unidad de Vivienda de Fomento (UFV), administrativa y hasta penal, cuando se incurra en el delito de atentado a la salud pública.

El viceministro informó que a la fecha son 30 las personas que están siendo procesadas por atentado a la salud pública, ejercicio indebido de la profesión, agio y/o especulación.

“Esto responde a propietarios de farmacias, de funerarias, de hospitales, de clínicas, que han estado vulnerando la normativa en contra de los intereses y derechos de la población”, observó Silva.

Sobre el mercado negro de medicamentos la autoridad sostuvo que se están realizando investigaciones de esta cadena de suministros que está produciendo el tráfico de medicamentos, a costa del sufrimiento de la población, a tiempo de preguntarse y cuestionar ¿Son las empresas importadoras de medicamentos? ¿Son las farmacias que han creado su propio mercado negro para revender este producto a través de redes? ¿O son consumidores que han acaparado estos medicamentos y que hoy intentan revender a través de las redes sociales?

Puso como ejemplo el caso del medicamento remdesivir, utilizado para pacientes que se encuentran en situación crítica en Unidades de Terapia Intensiva, que de acuerdo con la lista de Agemed, el producto tiene un costo máximo de Bs 800, sin embargo, a través de redes sociales y en el mercado negro, está siendo comercializado hasta en Bs 3.000.

También recordó que las farmacias son los únicos establecimientos autorizados para la venta de estos medicamentos, por lo tanto, ofrecer a través de las redes sociales ya es un hecho ilícito que debe ser investigado y sancionado.

Sobre la retención del cuerpo de personas fallecidas por Covid-19, Silva subrayó que ninguna clínica u hospital puede hacerlo aunque exista una deuda y respecto a las funerarias, adelantó que desde esta cartera de Estado se trabaja en un proyecto de ley que permitirá a los municipios la regulación y control del servicio debido al incremento excesivo e injustificado en sus tarifarios, además de la detección de hechos irregulares, como la existencia de depósitos de cadáveres con Covid-19 sin las condiciones mínimas de sanidad.

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