Defensor del Pueblo alerta sobre judicialización de la protesta y exige al Ministerio Público investigación a grupos paraestatales
Para el Defensor del Pueblo existe la necesidad de generar un “espacio de transparencia en las investigaciones por parte del Estado”
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, informó este jueves que, desde el inicio del bloqueo de caminos, se hizo el seguimiento a la detención de 43 personas, de las cuales 12 actualmente son procesadas por la justicia, situación que "muestra una tendencia a la judicialización de la protesta".
“Otro tema que configura este conflicto coyuntural que estamos viviendo es la tendencia a la judicialización de las protestas. Nosotros tenemos contabilizadas 43 personas detenidas en estos 10 días de bloqueo, hasta el día de ayer (23/10/2024). Si bien es cierto que hay 31 que están en libertad, hay: dos procesados en libertad, dos con detención preventiva en la cárcel de San Pedro, siete con detención domiciliaria y uno con medida sustitutiva a la detención preventiva (12 en total)”, detalló el Defensor del Pueblo, durante la presentación del Reporte de Conflictividad en Bolivia, correspondiente al tercer trimestre de 2024.
La autoridad defensorial afirmó que, la solución al presente conflicto “no es meter a las personas a las cárceles”, porque se configuran escenarios de posible vulneración de derechos, sumados al problema estructural carcelario, debido al alarmante hacinamiento en los centros penitenciarios.
Callisaya también demandó un trato equitativo del Estado respecto a la actuación de grupos paraestatales, los cuales generaron violencia, pero cuyos integrantes no fueron detenidos y mucho menos procesados.
“Advertimos en esta judicialización de la protesta, la desigual aplicación del poder del Estado porque, así como se ha procesado y detenido a personas en poder de petardos y otros elementos destinados a la protesta social, hay otros espacios, como la del 17 de septiembre, con grupos que han generado violencia con petardos de grueso calibre y que no están siendo investigados por el Estado”, apuntó.
Para el Defensor del Pueblo existe la necesidad de generar un “espacio de transparencia en las investigaciones por parte del Estado”.
