La crisis boliviana dejó de ser solamente política. Ahora también huele a hospitales sin oxígeno, carreteras cerradas y ambulancias atrapadas entre piedras, tierra y tensión social. En medio de ese escenario, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, lanzó una de las advertencias más duras desde el inicio de los bloqueos: ninguna protesta puede poner en riesgo la vida de las personas.
Durante una entrevista concedida al programa Influyentes de EL DEBER, Callisaya expresó su “alta preocupación” por el deterioro de la convivencia democrática y por las consecuencias humanitarias de las movilizaciones que golpean principalmente al occidente del país. El defensor confirmó que la institución activó acciones humanitarias para garantizar atención médica y traslado de pacientes ante los cortes de ruta.
“Nada justifica poner en riesgo vidas”
“No hay nada que justifique poner en riesgo la vida, la integridad y la salud de las personas”, afirmó. La declaración llega después de que el Ministerio de Salud alertara sobre problemas en la provisión de oxígeno para hospitales de La Paz y en medio de denuncias sobre muertes vinculadas a la falta de atención médica oportuna por los bloqueos.
El Defensor reconoció que el derecho a la protesta está protegido por estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, pero recordó que esas manifestaciones deben ser pacíficas y no afectar derechos de terceros. “Esta protesta debe ser pacífica y no lesionar derechos de terceros”, sostuvo durante la entrevista.
Callisaya también alertó sobre la creciente radicalización política. Aunque evitó ingresar en confrontaciones partidarias, defendió la necesidad de preservar la institucionalidad democrática frente a pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz promovidos por algunos sectores movilizados.
“No podemos debilitar esta institucionalidad democrática, hay que preservarla”, señaló al recordar que el actual Gobierno fue elegido mediante un proceso electoral complejo que incluyó primera y segunda vuelta.
La salida, según la Defensoría
En paralelo, el Defensor cuestionó la falta de capacidad política para anticipar y resolver conflictos antes de que escalen. Citó como ejemplo la polémica por la Ley 1720, una de las principales demandas de organizaciones campesinas y sectores movilizados.
Según explicó, el conflicto pudo evitarse si el debate hubiese incorporado a todos los actores antes de la aprobación y promulgación de la norma.
La Defensoría insistió en que la única salida posible es el diálogo. “No vemos otra salida que el diálogo”, remarcó Callisaya, mientras el país enfrenta una combinación explosiva entre tensión política, presión social y riesgos humanitarios crecientes.