Defensoría deja 30 tareas a 8 instituciones; Régimen Penitenciario fue la más fiscalizada
Entre marzo y diciembre de 2022 la población carcelaria se incrementó de 20.002 a 24.824 personas privadas de libertad
Ocho instituciones del Estado tienen 30 recomendaciones en conjunto para aplicar tareas de prevención contra la tortura, así establece la Defensoría del Pueblo en su Informe Anual del Mecanismo de Prevención de la Tortura. De la nómina de instituciones, la que más tareas tiene es la Dirección de Régimen Penitenciario y sus departamentales.
“Nosotros estamos presentando, en este primer año de gestión, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP-Bolivia) como parte del proceso de sensibilización, del compromiso conjunto, en lo interinstitucional, que tenemos como Estado boliviano para prevenir hechos de tortura, que socaban la dignidad del ser humano”, manifestó el defensor Pedro Callisaya a través de un comunicado de prensa.
En septiembre de 2021, el Ministerio de Justicia dispuso el paso del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) de esa cartera de Estado a la Defensoría del Pueblo, la misma que pasó a denominarse Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y el informe de esa nueva oficina fue presentada este lunes.
Según el reporte, la dirección de Régimen Penitenciario es la más observada, porque observó hacinamiento carcelario, recomendó el cierre de la cárcel de San Pedro, jornadas de descongestionamiento carcelario y detectó el uso excesivo de la detención preventiva.
Callisaya explicó que este informe agrupa los resultados de las 273 visitas realizadas por el MNP-Bolivia a diferentes centros penitenciarios, centros de reintegración social, celdas policiales, centros de acogimiento para niñas, niños y adolescentes, hospitales psiquiátricos y centros de formación militar, donde se evidenció la situación de las personas que viven en privación de libertad o bajo custodia del Estado.
En cuanto a los centros penitenciarios, hay un tema que alarma, se refiere a la población penitenciaria registrada entre marzo de 2022 y diciembre de 2022, que se incrementó, de 20.002 a 24.824 personas privadas de libertad.
Sobre el porcentaje de personas privadas de libertad con detención preventiva, a diciembre de 2022 llegaba a 66,19 %, de los cuales el 33,81 % tenía sentencia.
“Llama la atención el alto porcentaje de personas privadas de libertad con detención preventiva, esto invita a que repensemos sobre cómo estamos utilizando dicha medida. De repente no como un mecanismo para garantizar la realización del proceso con la presencia del procesado, sino como una medida que se constituye en una especie de sanción anticipada”, manifestó el defensor.
Las recomendaciones del informe están dirigidas a ocho instancias gubernamentales: el Ministerio de Gobierno, Dirección General de Régimen Penitenciario, direcciones departamentales de Régimen Penitenciario, Ministerio de Salud y Deportes, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Consejo de la Magistratura, Ministerio de Defensa y Comando General de la Policía Boliviana.
