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El Informe Defensorial “Crisis de Estado, violación de los derechos humanos en Bolivia entre octubre y diciembre de 2019”, redactado por la Defensoría del Pueblo, apunta al Gobierno, a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas (FFAA), de haber cometido crímenes de lesa humanidad, como asesinatos de al menos 20 personas, vejámenes, torturas, entre otros y de permitir violaciones de derechos humanos por parte de personas civiles en ese momento, cuando el país sufría una crisis social, luego de las Elecciones Generales del 20 de octubre de ese año.

El documento, de más de 300 páginas, dice haberse basado en requerimientos de informe y comunicaciones escritas, verificaciones defensoriales in situ, sistema de servicio al pueblo, testimonios, revisión periodística, recolección de material audiovisual, grabaciones e imágenes fotográficas.

La Defensoría anunció que enviará todo el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Uniformados

Entre sus recomendaciones, pide al Ministerio Público y al Órgano Judicial, investigar hasta lograr el esclarecimiento de todas las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto sobre varios sucesos ocurridos en esas fechas.

“Los hechos suscitados en las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y FFAA el 15 y el 19 de noviembre, en las Masacres de Sacaba y Senkata, al evidenciarse la existencia de elementos que configuran asesinato bajo las características de lesa humanidad, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y otras violaciones de los derechos a la vida, integridad personal, libertad e igualdad y no discriminación”, señala el informe.

También pide la investigación de los hechos suscitados en las intervenciones de la Policía y particulares en las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa de la ciudad de La Paz el 11 de noviembre, la suscitada en el municipio de Sacaba en la misma fecha; y en las operaciones conjuntas de la Policía y FFAA ocurridas en el norte integrado cruceño el 12 y 13 de noviembre y en Betanzos el 12 de noviembre, con las evidencias existentes.

Al mismo tiempo que pide investigar los actos cometidos contra las y los servidores públicos de la Policía y FFAA referidos al asesinato, agresiones y amenazas; así como los asaltos, quemas y saqueo de instalaciones policiales acaecidos durante el conflicto, que vulneraron su derecho a la vida, integridad personal, seguridad personal y dignidad, también exige realizar pesquisas sobre los casos de tortura cometidos por efectivos policiales contra personas bajo su custodia, ocurridos en las intervenciones y detenciones realizadas el 11 de noviembre en las ciudades de El Alto y La Paz.

El Gobierno

En una conferencia de prensa, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, amplió la denuncia contra el Gobierno transitorio, al que acusa de ser responsable de violaciones de derechos humanos y delitos contra la humanidad, durante los conflictos sociales de fines de 2019.

“En Bolivia ha existido violación a los derechos humanos entre octubre y noviembre del 2019. El Gobierno transitorio cometió delitos de lesa humanidad durante el conflicto poselectoral”, dijo a la prensa. Sin embargo, en las recomendaciones del Informe Defensorial, no identifica a ninguna autoridad ejecutiva.

No es creíble

Por su parte, el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, manifestó que la investigación de la actual defensora es sesgada y poco creíble, lamentando que, con este informe, se estuviera protegiendo a grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), antes que a la población.

“Hay información nada transcendente. Lamentablemente sus autoridades se alinearon mucho al Gobierno de Evo Morales y no han tenido en su accionar, una independencia como debería ser. Estaban ocupados en defender los intereses políticos de la gente alineada al MAS, que en defender los derechos humanos en general”, manifestó la exautoridad defensorial.