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La Defensoría del Pueblo solicitó al Estado, mediante el Ministerio de Salud, otorgar garantías a su integridad l personal de salud ante los ataques que sufrieron por parte de vecinos de la ciudad de El Alto.

Mediante un comunicado, esa instancia insta a “adoptar, de manera inmediata, las medidas de seguridad necesarias, que garanticen la integridad del personal de los establecimientos de salud de la ciudad de El Alto, para que puedan desarrollar sus funciones en sus lugares de trabajo con normalidad, y así asegurar el derecho a la vida y a los servicios de salud de la población”.

Se remitió una misiva al ministro del área, Marcelo Navajas, frente a los hechos registrados el 30 de abril, cuando al menos un centenar de personas apedreó dos autobuses del sistema municipal de transporte Waynabus, los que trasladaban al personal de salud.

El viernes 1 de mayo, en el sector de Puente Vela, fue apedreada una unidad del Servicio de Ambulancias de Urgencias y Emergencias Médicas (SUMA), que se dirigía a recoger a un paciente.

La Defensora del Pueblo recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los gobiernos, ante la emergencia por el Covid-19, “monitorear ataques contra los trabajadores de la salud para impedirlos y asegurarse de que puedan responder de manera rápida, adecuada y apropiada en caso de producirse un ataque, garantizando la protección de los trabajadores de salud”.

La defensora del pueblo sostiene que “en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de la Constitución Política del Estado, el Estado Boliviano tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, más aún cuando se atraviesa una emergencia sanitaria por la declaración de pandemia mundial”.

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