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La Defensoría del Pueblo realizó una verificación a 62 oficinas dependientes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), en 50 municipios del país, y evidenció deficiencias en cuanto a equipamiento y comunicación que afectan la atención a las víctimas que acuden a estas reparticiones.

Según la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, esta nueva intervención a 62 oficinas de la Felcv, de un total de 111 que existen en el país, es parte del cumplimiento de las determinaciones contenidas en el informe defensorial ‘El deber de protección a las mujeres, a través del funcionamiento de la Felcv durante la pandemia de Covid-19’. 

En las visitas realizadas a las 62 oficinas, entre el 10 y el 14 de mayo, se constató la existencia de 402 investigadores policiales dependientes de la Felcv, alrededor de seis por oficina, que atienden un promedio de 344 casos por día, trabajo que se vería limitado porque sólo existen 240 computadoras disponibles para todo el personal policial, lo que significa que apenas un 59,7% del personal cuenta con esta herramienta de trabajo.

Igualmente, se observó que solo 33 (53,4 por ciento) de las 62 oficinas intervenidas cuenta con acceso a servicio de internet, cuyo pago es asumido por los Comandos Departamentales en el 30% de estas reparticiones y por los gobiernos municipales en el 49%. En tanto que, en el 21% de dichas oficinas, son los propios investigadores quienes deben asumir el costo de dicho servicio.

Si bien en 60 (96,7%) oficinas policiales verificadas existe al menos una impresora, en la mayoría de los casos este equipo requiere reparación y mantenimiento. Es preocupante que solo en 22 (35,4%) oficinas se cuente con una fotocopiadora; en 20 (32,2%) se tenga una línea telefónica fija; y en apenas 16 (25,8 por ciento) exista un teléfono celular exclusivamente para la atención de casos de violencia.

La Defensora indicó que los hallazgos en esta nueva verificación permitirán realizar las gestiones necesarias para fortalecer la Felcv, a fin de garantizar que las mujeres en situación de violencia puedan ser atendidas y protegidas de manera pronta y eficiente por las instituciones competentes.

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