Escucha esta nota aquí

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, cuestionó que, a pesar de los avances normativos en favor de las mujeres, esta población aún se enfrenta a un patriarcado que persiste en la sociedad boliviana y mantiene la desigualdad y la discriminación hacia ellas, por lo que exhortó al Estado boliviano, a las instituciones públicas y privadas, y a la sociedad en su conjunto a adoptar cambios estructurales y ser sujetos de transformación para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de esta población.

Instamos a no olvidar que a lo largo de la historia las bolivianas estuvieron presentes en las luchas sociales, que a pesar de su lucha y participación en la búsqueda de la despatriarcalización y descolonización del Estado y de la sociedad, el patriarcado sigue atentando contra sus vidas, integridad, y sus cuerpos y sueños, y que el Estado mantiene una deuda social con esta población”, manifestó al recordar el Día de la Mujer Boliviana.

Cruz dijo que es alarmante que en Bolivia se registre un feminicidio cada tres días, y que a la fecha ya son 89 las mujeres asesinadas y 34.675 las denuncias por violencia; asimismo, observó que es alarmante que la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) aún no haya implementado medidas de protección a las víctimas, y que solo el 48% de los gobiernos municipales y gobiernos departamentales tengan programas para la reeducación/rehabilitación de los hombres que ejercen violencia.

“Estas cifras reflejan la vigencia del patriarcado y de una sociedad que ha naturalizado la violencia. El Estado debe evaluar las normas, políticas y su accionar respecto a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, pues esta aún no ha generado cambios estructurales con relación al sistema patriarcal, la misoginia y el machismo”, protestó la autoridad.

Otra de las cifras alarmantes, dijo, es que en 2020 se registraron 39.999 embarazos en niñas y adolescentes, según reportes del Ministerio de Salud y Deportes, lo que significa que existen en promedio 109 embarazos al día de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años y, específicamente, en niñas y adolescentes menores de 15 años, un promedio de seis embarazos por día. 

Frente a ello, la Defensora exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a trabajar una ley de educación sexual integral, para acceder a la información, a la salud, al cuidado del propio cuerpo y a tomar decisiones informadas, libres sobre derechos sexuales y derechos reproductivos.

La Defensora también observó como otra de las vulneraciones de derechos humanos de las mujeres, el hecho de que solo el 8% de los prestadores en salud a escala nacional conoce las causales para proceder con la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Apuntó que la ALP incumplió con la Sentencia Constitucional 206/2014, que le exhortó a sancionar un proyecto de ley sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. “Solicitamos a la ALP dar cumplimiento con dicho mandato, bajo el principio de Estado Laico, entendido como la separación y la autonomía de los asuntos públicos de las religiones, en el marco del Artículo 66 de la Constitución”, demandó Cruz.

Sin duda, acotó Cruz, existen avances con relación a los derechos políticos de las mujeres, pues actualmente hay 166 legisladoras en la Asamblea Legislativa Plurinacional, aunque a escala departamental no se cuente con ninguna gobernadora y que solo se tengan 23 alcaldesas en 336 municipios.

“No deja de llamar la atención que, pese a ser el primer país a nivel mundial en tener una ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, exista una clara ausencia de políticas públicas de prevención y erradicación del acoso y la violentica política”, apuntó la autoridad con relación al Informe Defensorial Sin Nosotras, no hay Democracia. Cumplimiento de la Ley 243”, emitido en la gestión 2020.

Y lamentó que esta investigación haya evidenciado que solo el 55,6% de las asambleas legislativas departamentales y el 26% de los concejos municipales intervenidos hubiesen cumplido con la Disposición Transitoria Quinta de la Ley N° 243, que los obliga a modificar la normativa interna para sancionar actos de acoso y violencia política.

Por contrapartida, la Defensoría del Pueblo en su labor de defensa de derechos de la sociedad ha implementado, en 2019, el “Plan 175 – Al encuentro con el Pueblo”, con el que se identificaron que, de 178 gobiernos municipales con Servicio Legales Integrales Municipales (SLIM), solo el 30% atiende de manera exclusiva a mujeres en situación de violencia, que el 53% no cuenta con personal y equipo multidisciplinario, y que sólo 89 alcaldías tienen promotoras comunitarias. 

Por otra parte, de los 189 gobiernos municipales verificados, solo 12 implementaron un programa de capacitación y formación; 15 habilitaron casas de acogida, y 13, casas comunitarias.

En la presente gestión estamos fortaleciendo las capacidades de los servicios de prevención, atención y protección a víctimas de violencia, con incidencia en el personal y autoridades de las ETA (entidades territoriales autónomas)”, destacó la Defensora.

Comentarios