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La Defensoría del Pueblo lanzó una dura crítica contra las autoridades nacionales, judiciales, penitenciarias y sanitarias, ante la ausencia de mecanismos suficientes para proteger de contagios de Covid-19 a los adolescentes de los centros de reintegración social (CRS) del país. Insta al Gobierno a tomar cartas en el asunto.

El informe 'Situación de las y los adolescentes en Centros de Reintegración Social en el contexto de la emergencia sanitaria del  Covid-19', señala que el Estado no ha aplicado los principios y mecanismos jurídicos del Sistema Penal para Adolescentes para el egreso de centros de reintegración social en el contexto de la pandemia.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expuso que se ha identificado una desmejorada y reducida atención por parte del personal dependiente de los CRS, debido a las dificultades de transporte, la decisión de atender por turnos y mediante las TICs, atentando así contra el derecho a la atención integral.

Pedido de la Defensoría

Entre las determinaciones defensoriales del informe referidos a los gobiernos autónomos departamentales se tiene “Garantizar y prever una atención integral permanente en los CRS en el contexto de la pandemia. Gestionar la calificación de discapacidad y garantizar la atención médica especializada a las y los adolescentes con discapacidad en las gobernaciones de Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Tarija y Chuquisaca”.

Dotar equipos de computación y servicio de internet adecuados para el acceso a la educación virtual y a distancia, así como para la realización de audiencias virtuales, en el marco de los derechos a la educación, comunicación y acceso a la justicia es otra recomendación, además de sugerir que se garantice personal, atención médica y psicológica.

También recomienda “garantizar la desinfección oportuna y permanente de los ambientes para asegurar la prevención de la propagación del virus Covid-19 en los centros.

Entre las recomendaciones al órgano judicial, se contempla “garantizar que las autoridades judiciales que conocen procesos de adolescentes con responsabilidad penal eviten la imposición de medidas privativas de libertad, en el marco de los principios y derechos del Sistema Penal para Adolescentes (SPA) a la excepcionalidad y desjudicialización”.

Y al Órgano Judicial aconseja “analizar la situación procesal de las y los adolescentes en CRS que cuentan con condición favorable para la modificación de la medida socioeducativa, cesación de la detención preventiva o disposición de requerimientos conclusivos, según corresponda, para su egreso de los centros”, entre otras recomendaciones.

Detalles del informe

“En 12 CRS las y los adolescentes contarían con una situación procesal favorable para su egreso, sin embargo, ésta no fue aplicada por las autoridades competentes. En la verificación, se evidenció que dos adolescentes en los CRSV Oruro y CRS Pando continuaban en ellos pese a que habían cumplido la medida socioeducativa impuesta”, señala el documento.

Por otro lado, “el 40% de la población penitenciaria en los CRS, al momento de la verificación, se encontraba con detención preventiva y que el 10% ingresó durante el periodo de emergencia sanitaria" y observa que se vulneraron procesos”. También dice que 15 adolescentes varones y mujeres cuentan con alguna discapacidad en estos centros.

Para la Defensoría, las gobernaciones responsables de la administración de 11 CRS incumplieron con su responsabilidad de implementación, financiamiento y gestión de los servicios debido que la infraestructura no responde a las condiciones mínimas establecidas en la norma.

Además, indica que en 13 CRS se han establecido protocolos y normas de conducta para la prevención por la emergencia sanitaria por el Covid-19; pero solamente dos han sido aprobados mediante un instrumento legal y en tres (CRS Fortaleza, CRSV Beni y CRS Pando) se ha omitido elaborar y aprobar protocolos de prevención de Covid-19.

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