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La Defensoría del Pueblo estableció, mediante una investigación, que las Auditorías Médicas Externas (AME) no son un instrumento idóneo para determinar indicios de mala práctica médica y recomienda la abrogación de las normas que la pusieron en vigencia y la promulgación de una ley que sancione las acciones y omisiones negligentes.

El documento, denominado ‘La Auditoría Médica no constituye un instrumento eficaz para garantizar el acceso a la Justicia’, presentado este lunes, advierte que va en aumento la cantidad de denuncias de mala praxis, pues solo en el primer semestre de 2019 el Comité de Lucha contra la Negligencia Médica reportó públicamente 250 quejas en los departamentos del eje central del país, y que solo dos cuentan con sentencia.

También revela que el Ministerio de Salud tiene pendientes los informes de Auditoría Médica Externa de 45 casos y que la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social (ASUSS) tiene aplazados otros 52 informes de AME.

Se señala que las auditorías son ineficaces e ineficientes para determinar indicios o evidencias de responsabilidad en posibles actos de mala práctica médica, porque el auditor se asemeja a un juez, que se desenvuelve en un proceso paralelo al de la justicia ordinaria, sin respetar los principios del debido proceso como el de imparcialidad y defensa.

“Los auditores médicos externos no son expertos pues carecen de especialidad y en sus informes no determinan el daño causado ni la magnitud del mismo, puesto que solo se basan en el expediente clínico y excluyen al paciente”, agrega el reporte.

La Defensoría concluye que las auditorías dilatan el proceso y emiten un pronunciamiento “prejuiciosamente viciado” y recomienda dictar una ley que sancione las acciones y omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica; derogar las normas que pusieron en vigencia las Auditorías Médicas Externas, y modificar aquellas referidas al Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje por ser contrario al Código Penal.

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