Defensoría expresa preocupación por la impunidad en el caso Juana Quispe, a 11 años de su asesinato
La concejal apareció muerta en orillas del río Orkojahuira en la urbe paceña. Se trata de uno de los casos más emblemáticos de violencia política contra mujeres
Mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante los casi 11 años de impunidad que rodea la muerte de la ex concejala Juana Quispe Apaza del municipio de Ancoraimes (La Paz).
La autoridad apareció muerta en orillas del río Orkojahuira en la urbe paceña, en marzo de 2012. Previo al hecho, Quispe sufrió acoso y violencia política, y advirtió amenazas contra su vida e integridad, porque las autoridades municipales de ese entonces, le negaban tomar posesión de su cargo y ejercer su mandato de fiscalización.
El caso es reconocido como "emblemático e histórico", porque la violenta muerte que sufrió Quispe impulsó el tratamiento y la promulgación de la Ley N° 243, Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, norma que establece mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso o violencia política.
A más de una década del hecho, aún no se cuenta con una sentencia, pese que su familia reunió evidencias durante la investigación, que sustentan que el hecho es un crimen político y en el que estarían involucrados un exalcalde y dos exconcejales de Ancoraimes.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el asesinato de la concejala “refleja muchas de las fallas estructurales que subsisten en instituciones y normativas del Estado”, y destacó la aprobación de la Ley N° 243 y recomendó “reforzar su implementación efectiva con miras a erradicar la violencia política contra las mujeres y garantizar su pleno ejercicio, sin discriminación, a sus derechos políticos”.
Al suspenderse el pasado viernes la audiencia del juicio oral en el caso de Juana Quispe Apaza, la Defensoría del Pueblo rechaza rotundamente toda expresión de acoso y violencia contra las mujeres y exhorta a las instancias judiciales competentes se tomen las medidas necesarias para el esclarecimiento y sanción de este delito.
“A la fecha, por la retardación de justicia existente, el Estado Plurinacional de Bolivia no ha cumplido con su obligación o responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”, agrega el pronunciamiento.
