La Defensoría del Pueblo presentó su primer reporte preliminar sobre la conflictividad social en Bolivia entre el 1 y el 24 de mayo de 2026, periodo en el que se registraron enfrentamientos, operativos de desbloqueo, protestas y una creciente vulneración de derechos humanos. El informe da cuenta de 321 personas arrestadas, 23 heridas y siete fallecidas en medio de los conflictos y bloqueos.
De los 7 fallecidos, 4 perdieron la vida por no tener atención de salud oportuna producto de los bloqueos, 1 movilizado murió por arma de fuego durante el corredor humanitario del sábado bajo circunstancias aún no muy claras y 2 son bajas dentro de los movilizados, pero no se cuenta con informe médico claro y están bajo investigación.
Al respecto, la cifra oficial de decesos desde el Gobierno nacional es de 4 fallecidos, 3 de ellos por la no atención oportuna porque las ambulancias no lograron pasar debido a los bloqueos y 1 es el fallecido por arma de fuego en el corredor humanitario, bajo circunstancias aún en investigación, dado que los policías que participaron del corredor no tenían arma de fuego.
La institución defensorial señaló que el conflicto tuvo como principales antecedentes las demandas impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), el cabildo del 1 de mayo y las movilizaciones de pueblos indígenas que exigían la derogación de la Ley 1720. Entre los pedidos también figuraban incrementos salariales, rechazo a privatizaciones y oposición a una ley contra los bloqueos.
El reporte describe que, entre el 16 y el 23 de mayo, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas ejecutaron varios operativos de desbloqueo en La Paz, Cochabamba y Oruro. En algunos casos se registraron enfrentamientos con uso de agentes químicos, incendios, saqueos y agresiones contra policías, periodistas y transeúntes.
Según los datos verificados por la Defensoría del Pueblo, durante esos operativos fueron arrestadas 321 personas, de las cuales 221 recuperaron su libertad. De las 89 personas imputadas penalmente, 43 podrán defenderse en libertad, 19 recibieron detención domiciliaria, 12 detención preventiva y 10 fueron sentenciadas mediante procedimiento abreviado con penas de tres años y perdón judicial.
En relación con las personas heridas, el informe identificó 23 casos de distinta gravedad, entre ellos tres policías, dos periodistas, cinco terceros afectados y 12 movilizados. Varias de las lesiones fueron provocadas por impactos de balines, explosiones de dinamita, inhalación de gases lacrimógenos y traumatismos durante los enfrentamientos registrados principalmente en La Paz y El Alto.
La Defensoría también informó sobre siete fallecimientos ocurridos en el contexto de la conflictividad. Entre los casos más graves se encuentran pacientes que no pudieron recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos de carreteras, además de un niño de 12 años que murió cuando una ambulancia no logró avanzar hacia la ciudad de Potosí.
Asimismo, se investiga la muerte de un joven de 24 años por impacto de arma de fuego durante el operativo denominado “Corredor Humanitario de las Banderas Blancas”.
El informe destaca además las acciones desplegadas por la Defensoría del Pueblo para garantizar atención médica, facilitar el traslado de pacientes y verificar el respeto a los derechos humanos.
Entre las medidas realizadas figuran la intermediación para el ingreso de 40 toneladas de oxígeno medicinal a La Paz y El Alto, el monitoreo de personas arrestadas y la protección a periodistas agredidos durante la cobertura de las protestas.
Finalmente, la institución exhortó al Gobierno, sectores movilizados y organizaciones sociales a priorizar el diálogo y evitar una mayor escalada de violencia. La Defensoría reiteró su preocupación por la afectación al derecho a la vida, la integridad física y la seguridad de la población, y pidió que cualquier operativo estatal.
Sobre el fallecido por arma de fuego
Muy aparte del informe defensorial, respecto al fallecido durante el operativo del corredor humanitario ejecutado por el Gobierno el sábado 23 de mayo, el informe preliminar de la Fiscalía de La Paz da cuenta que un proyectil de arma de fuego le destrozó las vértebras, lo atravesó de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. El médico forense ha establecido como causa de muerte, un shock neurogénico, fractura vertebral cervical y sección medular.
El Gobierno ha reiterado que en ese operativo, por órdenes superiores, ningún efectivo portó arma de fuego.
Cuestionamientos al rol de la Defensoría que la señalan de estar parcializada en favor de los movilizados
Marcelo Cruz, dirigente del transporte pesado internacional le dijo a EL DEBER que recurrieron al Defensor del Pueblo para que medie para que los bloqueadores permitan a sus choferes pasar los bloqueos que los tienen varados hace semanas y no ve respuestas concretas. Denunció que las condiciones de sus afiliados son inhumanas, muchos de ellos ya están enfermos con deterioro de la salud por la hipertensión, diabetes o simplemente el frío en medio de la carretera.
Contó que los bloqueadores no les permiten descargar las camionetas en las que les llevaron alimento y medicinas y que incluso, hay el caso de un chofer al que los bloqueadores prohibieron a un centro de salud que lo atienda.
"Lo que percibimos es parcialización y una peligrosa permisividad frente a hechos violentos", fustigó.
Nosotros no esperamos que el Defensor desbloquee carreteras, pero sí que intermedie, que dialogue y que haga respetar los derechos humanos de quienes están atrapados. Porque pareciera que hay más preocupación por liberar a personas detenidas durante hechos violentos que por proteger a miles de ciudadanos perjudicados" afirmó visiblemente molesto y con un sentimiento de impotencia desbordado.
"El Defensor debería ir a los puntos de conflicto, hablar con los bloqueadores y exigir condiciones mínimas humanitarias. No puede haber personas enfermas sin medicamentos ni transportistas abandonados durante semanas. Eso también es vulneración de derechos humanos", concluyó.