Defensoría sostiene que hubo hostigamiento y persecución política contra exfuncionarios del Teleférico
Esa instancia pide acciones disciplinarias y penales contra fiscales y policías. Existen procesos judiciales contra César Dockweiler y Liliana Rengifo, entre otros
La Defensoría del Pueblo emitió una resolución defensorial en la que recomienda a la Fiscalía General y a la Policía Boliviana iniciar acciones disciplinarias en contra de investigadores y uniformados por el uso de prueba obtenida indebidamente y por la vulneración de derechos de exfuncionarios del Teleférico.
Esa instancia considera que existió hostigamiento, acoso laboral y persecución política a personal de la entidad del transporte por cable, tras el conflicto poselectoral que vivió el país en 2019.
Asimismo, pide al Consejo de la Magistratura iniciar una auditoría jurídica a los dos procesos penales seguidos contra exfuncionarios del Teleférico. En ambos procesos, la Defensoría evidenció que la prueba presentada es altamente cuestionable en su forma de obtención, y la falta de un nexo causal entre varias de las hipótesis desarrolladas por el Ministerio Público para evidenciar la autoría de los delitos supuestamente cometidos.
En la revisión de los actuados de estos procesos, seguidos contra César Luis Dockweiler Suárez, Norah Liliana Rengifo Tamayo, Edwin Irineo Alcón Ezequiel y Marcelo Terceros Loza, quienes presentaron denuncia en la Defensoría del Pueblo el 16 de diciembre de 2019, se pudo establecer que existe una apariencia de legalidad para encubrir una motivación política y que hubo varias vulneraciones como a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa.
La Defensoría encontró, por ejemplo, la inexistencia del acta de la audiencia de medidas cautelares de Rengifo y que Alcón fue dejado seis días en celdas judiciales; y que hubo vulneración del derecho a la privacidad e intimidad de Rengifo y de su hijo menor de edad.
La entidad defensorial conoció que, entre el 12 de noviembre de 2019 y el 6 de noviembre de 2020, el Teleférico retiró a 228 servidores, 165 de los cuales correspondían a contratos finalizados en 2019, tres por evaluación de periodo probatorio, y 42 desvinculaciones por renuncia, en un periodo que coincide con los actos de hostigamiento que presuntamente se cometieron.
