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Los policías que llevan más de cinco años sin resolver casos “relevantes” en la lucha antidrogas serán apartados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). Esos uniformados se sumarán al 10% de los efectivos que fueron puestos a disposición del Comando General de la Policía porque no lograron aprobar la prueba del polígrafo, a la que se sometieron entre abril y mayo.

El propio ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se encargó de revelar la información, en una breve entrevista con EL DEBER que tuvo lugar en Chimoré, uno de los municipios del trópico de Cochabamba que son parte del bastión político de Evo Morales.

La declaración del ministro se produjo después de la graduación de 51 efectivos de la Felcn y un policía del Ecuador, que participaron del curso Garras de Valor que duró 90 días. Ayer también se graduaron 18 periodistas como corresponsales antinarcóticos tras un intenso curso de dos semanas.

“Hemos tomado la prueba del polígrafo al 100% del talento humano policial, que desarrolla trabajos de inteligencia y trabajos operativos al interior de la Felcn, lamentablemente, el 10% de las pruebas que se han tomado han sido reprobadas y ese talento humano ya ha sido alejado”, puntualizó la autoridad que es parte del gabinete del presidente Luis Arce.

Este reporte del ministro Del Castillo surgió ante la consulta sobre los resultados de la intervención que ordenó hace un mes en la fuerza antidroga, luego de una denuncia de Morales que, a través de registros de audio, señaló que se frenó un operativo para desbaratar un laboratorio antidroga. 

Del Castillo no precisó la cantidad de personal que fue derivado a la Justicia por las denuncias que hizo el expresidente, pero insistió en la necesidad de hacer mucho más eficiente la lucha contra el tráfico ilícito de drogas que golpea al país, especialmente por efecto del puente aéreo que los narcos usan entre Perú y Brasil, pero a través de territorio nacional. 

Dijo que existen uniformados que están en funciones “por más de cinco, 10, incluso 12 y hasta 15 años” y destacó varios de ellos “han tenido resultados exitosos”. Eso sí, puntualizó: “Se ha evidenciado que existe talento humano policial que desempeña funciones por más de cinco, incluso siete años que no ha resuelto ningún caso de relevancia en el último tiempo. Ellos también están siendo alejados y puestos a disposición de la Policía bolivariana”.

Poco antes de conversar con este este rotativo, Del Castillo anunció que “el 100% de los uniformados que se graduaron” ayer en el curso Garras de Valor pasarán “automáticamente a las filas de la Felcn”. Este personal fue formado, precisamente, para enfrentar a bandas criminales organizadas, vinculadas contra el narcotráfico. 

De hecho, la autoridad presentó esta disposición como parte de los resultados de la intervención que ordenó a la Felcn a comienzos de abril y que le costó el cargo al coronel José María Velasco, quien fue reemplazado por su camarada José Illanes en la dirección de la Fuerza Antidroga del país. 

Más temprano y desde su cuartel general de Lauca Eñe, que está a siete kilómetros de Chimoré, Evo Morales cuestionó por tercera vez la gestión antidroga que ejecuta Arce, pero en el contexto de una campaña que emprendió para defender a los productores de coca del trópico cochabambino. 

El expresidente desconfía. Desde su cuenta en Twitter, expresó sus dudas sobre un eventual asesoramiento que estaría recibiendo Del Castillo y la Felcn por parte de la DEA, la Agencia antidroga de Estados Unidos expulsada en 2008, o de Usaid, la entidad de cooperación internacional de la Casa Blanca que salió del país en 2013 por instrucción de Evo Morales, que reclamó injerencia.

¿Quién asesora al ministro de Gobierno? ¿Usaid? ¿La DEA? No comprendemos por qué replica un programa de que Usaid ya impuso con los gobiernos neoliberales. Nosotros expulsamos a Usaid por su injerencia en asuntos internos de Bolivia y la conspiración contra nuestra democracia”, escribió Evo Morales en su Twitter.

Sin brindar mayores precisiones respecto al programa cuestionado, el expresidente continuó con su crítica: “Repiten lemas que Usaid y la DEA usaban para esconder sus acciones de injerencia y desestabilización. Con el pretexto de ‘cooperación’ fomentaban la división y persecución a los movimientos sociales. Antes, debían trabajar para decir No a la corrupción de algunos malos policías”, sentenció el expresidente.

El ministro rechazó la percepción de Morales, precisamente durante el contacto que sostuvo con EL DEBER en Chimoré. “Por parte del Ministerio de Gobierno no existe ningún tipo de coordinación con la DEA ni con Usaid”.

Según la autoridad de Estado, todas las políticas antidrogas que se elaboran, desarrollan y se ejecutan en Bolivia son definidas en el Ministerio de Gobierno. “No tenemos ningún tipo de coordinación (con las agencias de Estados Unidos) para elaborar políticas y programas al interior del Ministerio de Gobierno”, insistió.

El ministro reveló que en los últimos meses ha mantenido trabajo de coordinación con policías de la región, tanto de Brasil como Perú, Argentina, incluso Chile, para combatir las mafias internacionales de tráfico de drogas.

Pero, esta no fue la primera vez que el exmandatario se refiere a la presencia de agencia antidrogas de Estados Unidos en Bolivia. El pasado 12 de abril Morales recurrió a sus habituales mensajes emitidos a través de su cuenta en twitter para “cuidar al Gobierno” de Luis Arce frente a la supuesta presencia de la DEA en el país.

El líder de los cocaleros del Chapare también cuestionó a la justicia por el lento avance del proceso de los llamados “narcoaudios” que él mismo gatilló el 7 de abril. 

A comienzos de ese mes, Morales presentó audios en que altos jefes de la Policía antidrogas en el país instruyeron la suspensión de un operativo en el Valle de Sacta, en el trópico de Cochabamba, para ofrecer protección al narcotráfico. Los opositores acusaron al exmandatario de intentar dar un golpe de Estado al presidente Arce, cuya candidatura fue promovida por Morales desde Argentina.

Además de la intervención y el cambio de guardia que se produjo en la Felcn por efecto de esa denuncia, la Fiscalía de Cochabamba puso bajo la lupa a cuatro oficiales. El capitán Iver Alejandro V. fue aprehendido y cumple detención domiciliaria. 

Los otros tres involucrados son el exdirector de la Felcn, José María Velasco; el exjefe nacional de Umopar, Jaime Arancibia, y el excomandante de Umopar Chimoré, Yerko Terán. Este último es el denunciante del caso, pero se mantuvo con bajo perfil desde cuando se presentó a declarar en el Ministerio Público.

Los datos indican que el 25 de marzo dos patrullas de Umopar descubrieron un megalaboratorio colombiano a orillas del río Sacta, pero, “por instrucciones superiores”, no destruyeron factoría. Poco después, la fuerza antidroga halló esa evidencia. 

La causa fue abierta por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. En el caso del capitán con detención domiciliaria, tiene derecho a salidas laborales, la obligación de presentarse cada lunes ante el Ministerio Público, además de un arraigo y fianza de 20.000 bolivianos.

EL DEBER insistió en saber sobre la situación legal de esas investigaciones cuando preguntó al ministro Del Castillo sobre la cantidad de efectivos policiales que ya fueron enviados a la justicia.

“Nuevamente le digo que las pruebas del polígrafo no significan que el talento policial haya cometido delitos, no significa que estuviese involucrado en ninguna organización criminal. Si existe una persona, sea militar, policía o un civil, independientemente de la posición que tenga, si está implicado en un delito, tiene que tener la sanción correspondiente”, remarcó la autoridad.

El viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, aseguró que la lucha contra las drogas “ya es una lucha conjunta de la región” y anunció operativos coordinados con Perú para frenar al narco.

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