El máximo dirigente nacional de los universitarios, Max Fernando Mendoza Parra, fue aprehendido este sábado en la ciudad de Cochabamba por los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica. Así lo confirmó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, a través de sus redes sociales.

En la foto se ve a Mendoza junto a un miembro del DACI, el grupo de inteligencia de la Policía Boliviana, que realiza su trabajo de manera encubierta. Según los antecedentes, el universitario de 52 años es orureño, pero tiene familia en Cochabamba.

El Comandante General de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, detalló que ayer recibieron el mandamiento de aprehensión emitido por la Fiscalía Departamental de La Paz y se ejecutó hoy sábado cerca de las 11:30 de la mañana. El estudiante será trasladado a la ciudad de La Paz en las próximas horas.

“Estábamos efectuando la vigilancia en su domicilio y al momento que él salió fue intervenido por el DACI y fue trasladado a la Felcc de Cochabamba para verificar su estado de salud que se reportó sin novedad (...) Estamos a la espera de otras órdenes de aprehensión”, informó en Rádio Éxito.

Estos mandamiento serían para aprehender a los dos implicados que firmaron la resolución administrativa Nº14/2018 del 13 de septiembre de 2018, presuntamente fuera de la norma y sin que Mendoza cumpla los requisitos como miembro presídium del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y con el objetivo de otorgar un sueldo de Bs  21.870.

Ahora los estamentos de estudiantes y docentes reclaman que se haga una investigación “transparente” que llegue al fondo del asunto y juzgue no solo a Mendoza sino a todos los implicados y posibles cómplices que actuaron a su favor y vulnerando la normativa.

“¡Al fin actuó la justicia! Ha operado como tenía que ser, creemos que es importante que se pueda realizar una investigación clara, que se pueda determinar a todos los responsables que le han hecho daño a la Universidad Boliviana y que han acompañado al universitario en esto ”, manifestó a EL DEBER, el secretario ejecutivo de la Confederación Universitaria de Docentes (CUD), Carlos Salinas.

Por su parte, una de las dirigentes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Kelly Apaza, señaló que también la justicia universitaria deberá activar las sanciones necesarias para el aún dirigente de los universitarios.

“La Federación Universitaria Local (FUL), de al menos cinco departamentos, fue avalada por Max. Exigimos que todo lo que ha firmado desde 2020 sea anulado porque su cargo ya estaba prorrogado”, afirmó a este medio.

La polémica sobre Mendoza surgió tras el atentado el 9 de mayo en la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí, que provocó la muerte de cuatro universitarias. Los móviles, según el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), fue su interés de prorrogarse en el poder.

Desde ese entonces, comenzaron a destaparse los pormenores de la presunta corrupción del dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB). Se conoció que percibía un sueldo mayor al de un rector y que había realizado diversos viajes al interior y exterior del país con dinero del Estado.

Durante dos semanas se acumularon al menos seis denuncias por los delitos de peculado, uso indebido de influencias, beneficios en el cargo, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público y uso indebido de bienes y servicios públicos.

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