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El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, descartó que se haya emitido una orden de aprehensión contra el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. La autoridad acusó al movimiento cívico cruceño de usar el caso con fines políticos. Mientras, la Fiscalía de La Paz admitió la denuncia contra Calvo por los presuntos delitos de sedición y conspiración por el paro indefinido.

Lamentamos que estén haciendo política con tema de la justicia boliviana y faltando a la verdad. Actualmente, este señor (Rómulo Calvo) no cuenta con ningún mandamiento de aprehensión en contra de su persona, lamentamos que estén faltando a la verdad y este señor debería apersonarse de manera personal para resolver las más de dos docenas de demandas que tiene”, afirmó Del Castillo en entrevista con Bolivia Tv.

Hoy, el vicepresidente segundo del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, denunció que efectivos policiales intentaron aprehender a Calvo en horas de la madrugada de este viernes. La orden de aprehensión –dijo- fue emitida en la ciudad de La Paz. Cochamanidis mostró la supuesta orden de aprehensión que habría sido obtenida del sistema digital de la Fiscalía.

Del Castillo negó ese extremo y pidió al comité cívico cruceño no actuar “políticamente” en la investigación contra Calvo. El ministro insistió en que no se emitió ninguna orden de aprehensión y dijo que parte de las demandas contra el líder cívico fueron presentadas por el exalcalde Percy Fernández.

Mientras, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que se admitió una demanda contra Calvo por los presuntos delitos de sedición y conspiración por encabezar el paro de nueve días. “Existe una denuncia que se está admitiendo y se están realizando las diligencias correspondientes. Apenas son dos días de la admisión y la fiscal va a generar que se comisione a los investigadores que estarán a cargo del caso”, indicó la autoridad fiscal.

El coordinador general del Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades contra los Autores del Golpe de 2019, Aldo Michel, presentó el 18 de noviembre una demanda contra los líderes cívicos por los hechos que se generaron durante el paro que duró nueve días, principalmente en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y Potosí.

Alave dijo que este caso está en etapa preliminar y que en 20 días se definirá las diligencias. El fiscal incluso evitó referirse si se citará a declarar al líder cívico.

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