El gobernador de La Paz, Santos Quispe, urgió al presidente Luis Arce a abrogar la Ley 1386 que dio vida a la Estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas con miras a resolver los conflictos que afectan a varias regiones del país y que “pueden agravarse”.

“Han hecho la consulta de esa ley con solo sus militantes azules. Estoy en desacuerdo con esa ley y quisiera que se anule porque está perjudicando. Es fácil, hermano presidente, anule esa ley y todo se va a calmar”, afirmó la autoridad departamental.

“Colóquese la mano al corazón y anule esa ley, ya nos perjudicamos”, insistió la autoridad departamental en un contacto con los periodistas.

En criterio del gobernador, la población cada día “está leyendo la ley de siete artículos además de su anexo” y está tomando decisiones en función de ese análisis.

“Hemos visito que esa es una ley maldita que no beneficia a la población y afecta al bolsillo de todos los ciudadanos. Sólo beneficia al gobierno central. Ellos dijeron que han hecho consultas, pero hemos visto que no se ha hecho ninguna consulta con los movimientos sociales y con nadie”, reclamó.

El rechazo a esta ley ha generado la convocatoria de un paro multisectorial que se cumplió de manera distinta en cada región del país, pero con protestas y enfrentamientos violentos en los que participó la Policía. En Potosí, un joven campesino perdió la vida en el contexto de estas protestas.

Para aplacar este conflicto, el gobierno ha movilizado a tres de sus ministros y ha convocado a un diálogo para este sábado en Cochabamba con el sector gremial, pero en un ampliado nacional, estos definieron que no acudirán y que para sentarse a dialogar antes debe abrogarse la ley.